Voceros de la oposición venezolana anunciaron el sábado que presentarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano emitido esta semana y que entre otros elementos indicó que sólo el presidente de la república puede autodeclarar su falta temporal mediante un decreto, informa Associated Press.
El texto de la demanda es elaborado actualmente por un grupo de abogados de la denominada Mesa de la Unidad Democrática y aún no hay una fecha precisa para presentarla ante la Corte Interamericana, dijo el abogado Gerardo Blyde, alcalde del municipio de Baruta, vecino a Caracas, y miembro del bloque opositor.
La demanda se basa en que el fallo del Tribunal, según los opositores, viola normas de la carta interamericana democrática como el derecho al ejercicio democrático y cumplimiento de las leyes, explicó Blyde a reporteros durante un foro callejero organizado por la oposición para detallar la sentencia y sus implicaciones, que se realizó en una plaza con la participación de un centenar de personas.
El gobierno del presidente Hugo Chávez notificó en septiembre 2012 al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la denuncia o retiro del país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que incluye a la Corte, pero Blyde explicó que tal retiro se concreta es un año después de presentada la denuncia por lo cual si hay un eventual fallo en 2013 del sistema interamericano, el estado venezolano debe acatarlo.
“Cuando denuncias un convenio internacional estás obligado por él durante el siguiente año después del repudio”, dijo el alcalde.
El Tribunal Supremo venezolano falló el 9 de enero que la juramentación del presidente electo podía posponerse de la fecha marcada en la Constitución, el 10 de enero, que no hay una ausencia temporal de Chávez, que el mandatario es el único que por decreto puede autodeclarar su ausencia temporal y que hay continuidad en el gobierno porque ya el jefe de Estado fue reelegido en los comicios de octubre de 2012.
Tal decisión del Tribunal, que es inapelable localmente, fue considerada por los opositores como absurda y un “golpe de Estado” a la Constitución y por lo cual ya habían anunciado que buscarían alternativas legales fuera del país.
“Interpretaron la Constitución a manera de plastilina” o acomodaticia, dijo Blyde. “No nos pueden negar el derecho a criticar el fondo de esa decisión ni a ningún ciudadano venezolano”, agregó Blyde.