Un grupo de organizaciones pro derechos humanos envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Naciones Unidas una denuncia sobre el motín que la semana pasada dejó 58 muertos en una cárcel del centro de Venezuela, reseña AP.
El coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto, dijo a la AP que su organización junto con otros grupos de derechos humanos, remitió el martes a la CIDH, la CorteIDH y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la denuncia sobre el sangriento incidente que ocurrió el viernes en la cárcel de Uribana, de la ciudad central de Barquisimeto, cuando fuerzas militares trataron de tomar el penal.
Las organizaciones humanitarias enviaron la denuncia a instancias internacionales luego de introducir este martes ante la Fiscalía General de Venezuela un documento de 12 páginas en el que exigían una investigación de la muerte de 56 reclusos, un guardia nacional y un pastor evangélico, indicó Nieto.
En el documento entregado a la Fiscalía General, las ONG Una Ventana a la Libertad; Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada; el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y el Instituto Prensa y Sociedad Venezolana, exigieron “sanciones” para los responsables del incidente, que fue considerado por los grupos como una “masacre”.
“Esto es responsabilidad absoluta del Estado”, dijo Nieto al respaldar la afirmación que realizó sobre el caso la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que expresó preocupación por el incidente.
“Lo que pasó en Uribana, la información que nosotros manejamos es que los funcionarios del Ministerio Penitenciario, de la Guardia, comenzaron a dispararle a los reclusos y ellos respondieron”, afirmó el activista al responsabilizar a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, de lo ocurrido en el centro penitenciario.
Nieto señaló que aunque no confía en que las autoridades venezolanas y la Asamblea Nacional vayan a avanzar en las investigaciones de lo ocurrido en Uribana, tal como ocurrió en los motines que se dieron entre el 2011 y 2012, dijo que las organizaciones humanitarias tenían que agotar las instancias nacionales antes de acudir a los organismos internacionales.
“No puede establecerse una política de limpieza carcelaria que tenga como conclusión la muerte 58 a 60 venezolanos. Es moralmente inaceptable el uso de la fuerza mortal para situaciones de crisis. Se pude anular a una persona que este infringiendo cualquier situación en una cárcel sin llegar al excesivo uso de la fuerza mortal”, señaló Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, al exigir que se investigue a los guardias nacionales que participaron en la toma de Uribana.
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció el martes, durante una visita al estado suroccidental de Barinas, que pidió a la Asamblea Nacional que acelere la investigación del motín para conocer con exactitud lo que ocurrió.
“Nuestra compañera ministra Iris Varela está haciendo un esfuerzo gigantesco…y se ha metido allí en la boca del lobo, y nosotros le damos todo nuestro respaldo”, dijo Maduro a la televisora estatal al defender la gestión de la funcionaria.
El vicepresidente reconoció que la situación de las cárceles es un “tema difícil, pues, un tema aun no resuelto”, pero sostuvo que no se puede resolver “tirando piedras”.
“Más temprano que tarde todas las cárceles de este país tienen que estar bajo la rectoría de las autoridades y esas autoridades tienen que ser también transparentes, pulcras, decentes, apegadas a la ley. Y eso es un esfuerzo gigantesco”, agregó.
Desde Ginebra, el vocero de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rubert Colville, dijo el martes a la prensa que en esa dependencia están “seriamente preocupados” por el motín, porque refleja un “patrón alarmante de la violencia en las cárceles venezolanas”, lo cual consideró que es consecuencia de las “malas condiciones” de esos recintos.
Colville planteó las autoridades estatales competentes tienen las responsabilidad de lo sucede en las cárceles.
Otros violentos eventos se han presentado en recintos carcelarios venezolanos.
En la cárcel capitalina de La Planta se registró entre abril y mayo del 2012 un motín cuando un grupo de presos, algunos de ellos armados, impidió por casi tres semanas a las autoridades tomar el penal. En el tumulto un recluso murió y cinco personas resultaron lesionadas, de los cuales dos eran guardias nacionales y tres eras presos.
Dos meses después se presentó otro motín en el penal del estado suroccidental de Mérida cuando un grupo de reclusos se enfrentó a las fuerzas militares que tomaron el centro. En el incidente perecieron 30 internos, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En la cárcel central de Yare I, en la zona norte del país, se presentó en agosto una riña entre presos que dejó 25 muertos y 43 lesionados.
Durante el primer semestre del 2012, 304 presos murieron y otros 527 resultaron heridos en diferentes motines y enfrentamientos que se registraron en las cárceles del país, según cifras de la OVP.
Humberto Prado, director del OVP, dijo que la cifra de reclusos fallecidos en el primer semestre del 2012 superó en 15% la del mismo período del 2011, que fue de 264 muertes violentas.
En Venezuela existen 32 penales que tienen unos 47.000 reclusos, de acuerdo con registros oficiales, pero fueron diseñados para albergar a menos de 12.000 personas.
Durante 2011 hubo 560 muertos en los penales venezolanos, cifra que supera la de 2010, cuando se registraron 476 decesos con violencia.
Por FABIOLA SANCHEZ