Las instituciones que soportan la democracia venezolana se han envilecido a lo largo de estos catorce años de la mal llamada revolución bolivariana, gracias a la manifiesta incondicionalidad de los personeros de esos organismos que parecieran haber olvidado la premisa fundamental de la independencia de esos despachos, pero que han llegado a la exacerbación en las últimas semanas, a raíz de la grave enfermedad que afecta la salud del Primer Mandatario. En estas acciones o actuaciones poco o nada les ha importado si violan la Constitución y las leyes que son la columna vertebral de cualquier nación civilizada y democrática.
Recientemente la Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en ocasión de la instalación del nuevo Año Judicial, soltó esta perla: “Como Poder Judicial asumimos continuar construyendo un Estado democrático social, de derecho y de justicia, el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela para asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo”.
Nos preguntamos si la ciudadana Magistrada tiene conocimiento del Artículo 26 del Código de Ética del Juez Venezolano, que expresa claramente: “… El Juez y la Jueza, no podrán, salvo el ejercicio del derecho al sufragio, realizar directa o indirectamente ningún tipo de activismo político partidista , sindical, gremial o de índole semejante capaz de poner en duda la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.
Será casualidad que durante los últimos años de este TSJ con una mayoría abiertamente declarada revolucionaria no permite ninguna acción contra el gobierno de Hugo Chávez, declarándolas sin lugar e improcedentes bajo las más increíbles argumentaciones.
Olvidó acaso la ciudadana Magistrada Presidenta que el Artículo 2. De la Constitución Bolivariana de Venezuela dice que, “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Quién puede imaginarse a la Fiscal General de la República solicitando el enjuiciamiento del Presidente como sí sucedió antes de la llegada de Chávez al poder si no ha sido capaz de enjuiciar a Ministros del régimen sobre quienes han llovido pruebas de manejos dolosos al frente de sus respectivos despachos ministeriales, y como ejemplo están: las corruptelas del Plan Bolívar 2000, las notas estructuradas del Ministerio de Finanzas, con las cuales saquearon millones de dólares de la nación, el caso “Pudreval” donde los venezolanos perdimos miles de millones de dólares, para sólo nombrar algunos.
Pero sí es diligente cuando inventan atentados contra funcionarios del régimen, acompañadas de las respectivas amenazas, como lo hizo con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, muy parecidos a las decenas de presuntos magnicidios contra Chávez y por los cuales no hay un solo detenido.
Dijo: “Tengan mucho cuidado, porque las instituciones del Estado venezolano están cohesionadas para enfrentar cualquier plan desestabilizador“. “El presidente de la AN, Diosdado Cabello y el vicepresidente Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, son dos líderes de un proyecto de país, son dos personas que están al frente de instituciones fundamentales en la nación“.
La guinda de la torta la coloca el Ministro de la Defensa , Diego Molero Ellavia, quien insistió al igual que el resto de los que han pasado por dicha cartera, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es chavista socialista y antiimperialista, olvidando el artículo 328 del texto constitucional que a la letra dice: “ La Fuerza Armada Nacional….., está al servicio exclusivo de la Nación, y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”
Alfredo Osorio U/Abogado/Diputad