Mientras que en el Tribunal 1° de Ejecución de Aragua se difería la audiencia en la que debía decidirse sobre la medida humanitaria a favor de Iván Simonovis –comisario sentenciado a 30 años de cárcel por los hechos de abril de 2002 que padece graves problemas de salud–, en Caracas el vicepresidente Nicolás Maduro exigía, acompañado por integrantes de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002, que la ley cayera con todo su peso sobre los responsables de lo ocurrido en esos días. Nada dijo sobre la salud del policía ni sobre la carta que el miércoles le entregó Ivana Simonovis, la hija de 15 años de edad del condenado, en la que le imploró que mediara a favor de su padre.
DIANA LOZANO PERAFÁN / LAUDELYN SEQUERA/ El Nacional
En Maracay la audiencia que estaba fijada para las 10:00 am no se celebró y fue reprogramada para el 15 de febrero. La razón: el médico forense Guillermo Bolívar, encargado de emitir opinión profesional sobre la salud del comisario, no sabía que debía acudir al tribunal de la causa.
José Luis Tamayo, abogado de Simonovis, explicó que la boleta de notificación fue enviada a tiempo por parte del referido juzgado y fue entregada oportunamente en la medicatura forense. “La boleta fue recibida en Bello Monte el 18 de enero, pero internamente no tramitaron a tiempo la notificación al doctor. Él estaba sorprendido cuando se le llamó en presencia de la juez esta mañana”, dijo.
El abogado contó que el médico expresó su disposición a trasladarse inmediatamente desde Caracas al juzgado ubicado en Maracay, para que pudiera celebrarse la audiencia. Sin embargo, la juez Dorita de Freites indicó que no podía conceder una espera tan larga porque ya tenía pautada una visita carcelaria a Yare, por lo que se acordó fijar una nueva audiencia para dentro de dos semanas.
“Ya todos estamos notificados, tanto el médico, como el fiscal 11° del Ministerio Público con competencia en ejecución de sentencias, Joab Contreras, que hoy estuvo presente en el tribunal”, afirmó Tamayo.
Bolívar es el mismo forense que en diciembre acudió al Sebin y ratificó el informe médico, en el que se da cuenta de que el comisario tiene osteoporosis en la columna y el cuello femoral, cambios degenerativos en la morfología vertebral y osteodegenerativos en varias vértebras, así como esofaquitis de reflujo grado C y tres hernias, entre otros padecimientos.
Esta es la tercera medida humanitaria que solicita Tamayo a favor de Simonovis. El martes 5 se cumplirán ocho meses desde que solicitó la medida humanitaria por tercera vez. La primera se extravió en el tribunal y la segunda fue negada con base en la opinión médica de un ginecólogo que conversó con el condenado en el Sebin.
Desde abril de 2012 Simonovis, que tiene preso ocho años y dos meses, completó en prisión el tiempo requerido para poder salir de la cárcel en el día para trabajar. Esta fórmula alternativa de cumplimiento de la pena le fue negada.
Maduro
El vicepresidente Nicolás Maduro se refirió ayer a los hechos de abril de 2002, pero no a favor de quienes fueron condenados por dichos sucesos.
“Digan la verdad, que no se trate de presentar el mundo al revés, donde los asesinos juegan a ser las víctimas y a este pueblo que sufrió la agresión lo callen”, dijo después reunirse con miembros de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado de 2002.
“La ley tiene que caer con todo su peso sobre los responsables. No puede haber impunidad”, agregó.
Yesenia Fuente, familiar de una de las víctimas, pidió que Simonovis siga detenido. “Estamos pidiendo que no se le conceda ninguna amnistía a ese señor que tiene que pagar por un delito que cometió”, dijo.
En cuanto a las víctimas fatales del 11-A, Simonovis fue declarado cómplice necesario en el homicidio de dos ellas: Rudy Urbano y Erasmo Sánchez.
María del Pilar Pertiñez, esposa del comisario, aseveró que las declaraciones de Maduro son una reacción cobarde a la solicitud que presentó su hija en la Vicepresidencia.
“Les recuerdo a Maduro y a los familiares de las víctimas del 11-A, dentro de quienes incluyo a mi familia, que las leyes protegen a los presos que sufren enfermedades graves. El otorgamiento de medidas humanitarias no implica impunidad”, dijo.
Para hoy está pautado que la fiscal general Luisa Ortega Díaz se reúna con miembros de la mencionada organización.