La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se ha convertido en un fiscal de los estados miembros, al tomándose atribuciones que sólo le corresponden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), sostuvo este lunes el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Recordó que la prioridad de la CIDH, como quedó establecido en el Pacto de San José y en el estatuto, es la promoción de los derechos humanos “para juzgar y para establecer medidas cautelares está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
Correa insistió en que la CIDH debe dedicarse a la promoción de los derechos humanos, a la prevención de posibles violaciones y al mejoramiento, antes que la investigación y reparación de los derechos consumados porque para eso está la Corte-IDH.
“La CIDH no puede crear sus propias normas, ¿dónde se ha visto eso? y luego imponerlas a los estados como si fueran instrumentos internacionales a lo que se debe respeto y subordinación. Esto es lo que se pretende y se está haciendo”, indicó.
Enfatizó que Ecuador no reconoce, porque no está en la convención, en los estatutos ni en la carta de la
Organización de Estados Americano (OEA), la capacidad de CIDH para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio de los estados.
“Únicamente reconoce esa capacidad en la Corte-IDH, esa es otra de las mentiras posicionadas en la prensa, es la Corte que tiene la capacidad para dictar medidas cautelares. Estamos totalmente de acuerdo en eso, porque eso lo dice el Pacto de San José, pero no podemos aceptar que en nombre de lo que sea se abroguen atribuciones que no se deben”, agregó.
Ante ello, Ecuador propone la elaboración de un código de conducta que demarque las atribuciones y responsabilidades de los comisionados y relatores. AVN