El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, alertó en declaraciones a la prensa de un eventual caso de lavado de activos relacionado con las investigaciones abiertas contra el Territorial.
La Junta Bancaria, la máxima autoridad del ramo en el país, anunció el pasado lunes el cierre de la entidad financiera por presentar problemas de liquidez, lo que ha perjudicado a cientos de clientes.
La suspensión de actividades del Territorial se adoptó para “proteger adecuadamente los depósitos” de sus clientes, “en virtud de que dicha institución financiera ha sido considerada inviable, por problemas de solvencia y liquidez”, señaló por su parte la Superintendencia de Bancos.
El cierre del Territorial, con menos del 1 por ciento de clientes de todo el sistema financiero nacional, ha sido considerado por las autoridades como un “caso aislado”.
Asimismo, han remarcado que el conjunto del sistema financiero ecuatoriano “goza de buena salud”.
El fiscal Chiriboga, por su parte, advirtió de que los problemas de liquidez de dicha entidad financiera podrían tener relación con un presunto delito de “peculado bancario” o malversación de fondos de los clientes.
Agregó que a la investigación de ese caso se suma la presunción del presunto delito de lavado de activos, según se desprende de los informes remitidos a la Fiscalía por la Superintendencia de Bancos.
Chiriboga precisó que, pese a que el cierre de la entidad sucedió por insuficiencia económica, tanto en liquidez como en patrimonio, se encontraron “posibles actividades relacionadas al lavado de activos”.
El juez Ángel Moya, de la unidad de Flagrancia del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Guayas, ordenó la prisión preventiva, con fines de investigación, del gerente del Banco Territorial, Paúl Fernando Sánchez, por el presunto delito de “peculado bancario”.
Sánchez, detenido anoche en la ciudad de Guayaquil (la capital de Guayas), es investigado por posibles irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La situación del banco Territorial, cuyos clientes han hecho fuertes reclamos para intentar recuperar sus ahorros, ha traído a la mente de los ecuatorianos la crisis financiera desatada en 1999, cuando una treintena de entidades financieras pasaron a manos del Estado por graves problemas de liquidez. El salvamento del sistema financiero en esa época le costó al erario nacional entre 6.000 y 8.000 millones de dólares.
Las autoridades financieras ecuatorianas, tras recalcar que el caso de Territorial es “aislado”, han advertido de que no se puede comparar este caso con la crisis de 1999, considerada la peor de la historia nacional y que obligó a cientos de miles de ecuatorianos a migrar al exterior en busca de mejores oportunidades de vida. EFE