El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jaime Mantilla, envío hoy una carta a 19 mandatarios de América en la que expresa su gran preocupación por la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya discusión final será el viernes en Washington.
En la carta, dirigida también a 33 diplomáticos del continente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la SIP asegura que “estará vigilante ante cualquier iniciativa para debilitar en sus competencias” a la Relatoría para la Libertad de Expresión y a su órgano de adscripción, la CIDH.
Montilla, en nombre de los editores y periodistas afiliados a la SIP, muestra su alarma por el “comportamiento de algunos gobernantes de la región interesados en consolidar regímenes negados a la separación de poderes, la libre iniciativa de las personas, la fluidez de la opinión pública como elemento de control de las instituciones del Estado y la transparencia”.
Un comportamiento que promueve, denuncia el texto, “hegemonías de comunicación del Estado y persiguen a la prensa y al periodismo independiente o crítico”.
Los cancilleres de los países miembros de la OEA se reunirán el viernes en Washington precisamente para tratar de cómo reformar la CIDH, sin que todavía se haya llegado a un consenso sobre un proyecto de resolución.
Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba) han dejado claro desde hace tiempo que no están conformes con la CIDH tal como funciona actualmente.
En una entrevista con Efe, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, aseguró ese martes que dicha reforma es una iniciativa encabezada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para “debilitar” y “ahogar” económicamente al CIDH.
La reforma daría a Correa y los gobernantes que la promueven la “potestad de violar los derechos humanos dentro de sus países sin que nadie desde afuera les señale los desvíos o violaciones flagrantes de los derechos humanos y la libertad de expresión”, resaltó Paolillo, director del semanario Búsqueda.
En la carta remitida por la SIP a los gobernantes y diplomáticos de la región se destaca también que “tales gobernantes buscan condicionar sus apoyos políticos y financieros a la OEA y sus órganos” y transformarlos en “vehículos de mera promoción de derechos” humanos.
El objetivo final de la reforma promovida por los países de la Alba no sería otro que “afectar al patrimonio ético e intelectual democrático que le sirve como cimiento a todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, concluye la carta.
Por ello, la SIP reitera que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión como la CIDH son “bastiones fundamentales para la defensa de la democracia como derecho de los pueblos y la libertad de expresión” que hay que defender de ataques.
La carta fue dirigida a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y al primer ministro de Canadá.
También fue remitida a diplomáticos ante la OEA de Antigua, Argentina, Bahamas, Barbuda, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. EFE