Los cancilleres de los países de la OEA decidirán este viernes sobre un proceso de reforma de la CIDH que preocupa a los activistas de derechos humanos y que, según los observadores, difícilmente tendrá una solución permanente, aunque haya consenso en esa reunión.
La cuestión de cómo financiar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías es el principal punto de división de los países miembros, que llegan a la cita sin un consenso previo en ese área debido, principalmente, a las objeciones lideradas por Ecuador y seguidas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Esos países critican que el órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) se financie con fondos externos y lo acusan de privilegiar a la Relatoría de Libertad de Expresión sobre las demás relatorías.
Defensores de los derechos humanos ven en ese discurso una intención de “debilitar” el sistema.
“No se ha llegado al consenso porque estos países se han empeñado en mantener sus posiciones recalcitrantes, que están dirigidas a terminar con la Comisión”, dijo a Efe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
“Da la impresión de que no van a descansar y van a seguir insistiendo, incluso más allá del día 22, en que ésto es un proceso de reforma permanente”, agregó Vivanco, que fue abogado de la CIDH.
Según Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, los cancilleres llegan a la Asamblea General extraordinaria del viernes con la región “muy dividida” sobre el tema, pero “los países que quieren debilitar el sistema no han logrado el apoyo que buscaban”.
“El esfuerzo de Ecuador ha generado una contrarreacción para defender la independencia y el papel del sistema”, aseguró a Efe Shifter.
Un grupo de trabajo liderado por el embajador de México, Joel Hernández, ha tratado de llegar a un consenso entre la posición de Ecuador, sintetizada en la reunión de este mes en Guayaquil, y la de países como Estados Unidos o Canadá, que ven con escepticismo los cambios en el reglamento de la Comisión.
Aunque ese trabajo ha llevado a un borrador de resolución que “toma nota” de la propuesta elaborada por la CIDH para su propia reforma, un paso que parecía irrealizable hace unos meses, no ha generado consenso, y la decisión ha quedado en manos de los cancilleres.
Incluso en caso de que ellos alcancen un acuerdo, advirtió Shifter, eso “no resuelve el problema”, porque “sigue habiendo una división, que le supone grandes costos al sistema, por parte de países que no reconocen la autoridad de la Comisión”.
Algunas propuestas, como la de convertir todas las relatorías en especiales, están aparentemente condicionadas a un aumento de fondos de los Estados miembros o de otras fuentes, algo que “probablemente no va a ocurrir, como no ha ocurrido en dos décadas”, según Vivanco.
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), confía en que “en esta coyuntura, los Estados se comprometan a financiar adecuadamente el sistema, que es el sistema internacional de derechos humanos más pobre del mundo”, según dijo a Efe.
Muchas organizaciones de derechos humanos del continente también insisten en que es necesario cerrar el proceso de reforma cuanto antes, y advierten contra intentos de mantenerlo abierto por temas como la propuesta de cambiar la sede de la CIDH, que según el activista guatemalteco David Dávila es “meramente política”.
“Aunque no estamos de acuerdo con todas las reformas que se proponen, sí creemos que este proceso debe terminar acá y que el sistema no puede estar en un debate de reforma permanente”, indicó a Efe Dávila, miembro de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela defienden que la sede de la CIDH no puede seguir estando en EE.UU., pues este país no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, algo que, según Shifter, revela el “problema serio” que tiene el Gobierno estadounidense en ese sentido.
“No haber ratificado la Convención perjudica la posición de Estados Unidos, le quita disposición”, indicó Shifter, quien recordó que el Gobierno de Barack Obama se ha mostrado dispuesto a ratificarla, pero esa decisión está en manos del Congreso y “no hay expectativas muy alentadoras” de que se convierta en una prioridad.
No obstante, consideró que EE.UU. “sigue formando una parte importante del sistema”, por lo que lamentó que haya sido “demasiado pasivo” en los debates en la OEA, en lugar de actuar “de manera discreta pero clara, movilizando a otros países” con ideas afines.
Para Vivanco, es Brasil quien tiene “la llave” del proceso.
“Si Brasil decide apostarle al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si realmente está por incrementar las cuotas y las contribuciones hacia la OEA, será decisivo, porque el grado de influencia que tiene en América del Sur es enorme”, apuntó. EFE