Rectora de la Unes instó a la AN a aprobar de manera rápida la Ley Desarme

Rectora de la Unes instó a la AN a aprobar de manera rápida la Ley Desarme

 

 





La rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía, Soraya El Achkar, instó este sábado a la Asamblea Nacional (AN) a aprobar pronto la Ley de Desarme, como vía para contribuir con la seguridad ciudadana.

“A nuestro presidente de la AN, que no se discuta más. Ya se dieron todas las discusiones. Aprobemos la Ley de Desarme”, expresó.

Añadió que, una vez promulgada esta normativa, “estamos todos comprometidos a avanzar en el proceso de desarme”, y puntualizó que los únicos que deben tener armas en el país son la Fuerza Armada Nacional (FAN) y los cuerpos policiales.

En el evento, al que asistieron representantes del Ejecutivo Nacional, encabezados por el presidente Nicolás Maduro, la rectora de la Unes destacó la importancia del compromiso adquirido por el jefe de Estado con la seguridad.

El Achkar, quien ha trabajado durante muchos años por la transformación del modelo policial, exhortó a los jóvenes a incorporarse al trabajo por la búsqueda de la paz en todo el país.

“Solo los jóvenes salvan a los jóvenes”, enfatizó, y recordó que en Venezuela son los chicos de entre 15 y 28 años “los que están matando y están muriendo”.

“Es nuestra responsabilidad. Vamos por ellos, decía Maduro, y lo vamos a apoyar. Vamos por ellos, a incorporarlos a la cultura, al deporte, a la música, a la recreación. Que nadie más muera”, dijo.

En junio de 2012, el Ejecutivo Nacional remitió a la AN el proyecto de Ley de Desarme, elaborado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Un mes después, la Junta Directiva del Parlamento conformó un equipo especial que se encargaría de unificar tanto el anteproyecto desarrollado por la instancia presidencial como el producido por una comisión mixta del Poder Legislativo.

En el proyecto elaborado por la Comisión Presidencial destacan las sanciones contra funcionarios públicos que cometan delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego.

También dispone la restricción total de la venta de armas de fuego a particulares, a excepción de la práctica federada de tiro, cacería, servicios de protección de personas y bienes, así como a cuerpos de seguridad del Estado. La venta de armas de fuego en armerías desaparece como rubro comercial.

Asimismo, se establece el marcaje obligatorio de todas las armas de fuego y municiones importadas y fabricadas en el país, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rastreo y control posterior para así evitar el desvío de armamento a circuitos ilegales. AVN