El Gobierno portugués anunció hoy nuevos recortes de gasto social para compensar el veto del Tribunal Constitucional a varias de sus medidas de austeridad que provocó un terremoto político en medio de la crisis económica lusa.
En un discurso televisado a la nación, el primer ministro Pedro Passos Coelho, incidió en que Portugal no puede dejar de cumplir con los compromisos suscritos con los organismos internacionales a cambio de su ayuda financiera y prometió que hará “todo lo posible” para evitar un segundo rescate.
Para cumplir los objetivos acordados con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pese al impacto presupuestario del fallo del Contitucional (superior a los mil millones de euros), el líder conservador pedirá de inmediato a sus ministros planes de reducción del gasto y “acelerará” la reestructuración del Estado.
En ese sentido, anticipó que aplicará durante este mismo año “medidas de contención del gasto público, sobre todo en las áreas de Seguridad Social, Sanidad, Educación y en empresas públicas”.
“No será fácil, en dos años este Gobierno ya ha reducido el gasto primario del Estado (en el que no se incluye el pago de los intereses por su deuda) en más de 13.000 millones de euros”, reconoció.
En cambio, descartó volver a subir los impuestos tras el aumento de la presión fiscal registrado en Portugal durante los dos últimos años, coincidiendo con su llegada al poder.
El país, que atraviesa la peor crisis económica de su historia reciente, ha aplicado estrictas medidas de austeridad desde que solicitó el rescate financiero, en abril de 2011, a instancias de la UE y el FMI.
Estos ajustes incluyen un fuerte incremento de impuestos directos e indirectos, la disminución del gasto público y la privatización de empresas estatales, entre otras medidas aplicadas a rajatabla por el Ejecutivo conservador.
Passos Coelho atribuyó a la decisión del Constitucional de considerar ilegales algunos de sus recortes en 2013 y también en 2012, la adopción de “alternativas que no gozaban de la preferencia del Gobierno” para reequilibrar las cuentas públicas, como el aumento de impuestos.
Por este motivo, reclamó a la oposición y a las instituciones lusas sentido de la responsabilidad ante la situación de “emergencia” nacional que exige “respuestas extraordinarias”.
Desde los partidos de la oposición, sin embargo, se lanzaron fuertes críticas al primer ministro por su reacción al fallo del Constitucional, además de rechazar de plano la posibilidad de adoptar nuevos cortes al Estado de Bienestar.
Portavoces del Partido Socialista (PS), del Comunista (PCP) y del marxista Bloque de Izquierda (BI) coincidieron en reclamar a Passos Coelho que renegocie las condiciones del rescate financiero del país, de 78.000 millones de euros, con la UE y el FMI, además de insistir en la convocatoria de elecciones anticipadas.
“El Gobierno actúa como si Portugal no fuese un país soberano, miembro de la UE, y es esa actitud la que le impide luchar por unas condiciones más justas” en sus conversaciones con los organismos internacionales prestatarios de la ayuda financiera, denunció el secretario nacional de los socialistas, Joao Ribeiro.
La sombra de una hipotética crisis de Gobierno planeó ayer en Portugal después de que los conservadores advirtieran públicamente que el fallo del Constitucional coloca al país “en riesgo” y afecta a su credibilidad internacional.
Tras reunirse con sus ministros, Passos Coelho solicitó una reunión de urgencia con el jefe del Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, quien alejó de nuevo el fantasma de unas elecciones anticipadas -como ya ocurriera en 2011 con los socialistas en el poder- al respaldar expresamente al Ejecutivo.
Cavaco Silva optó por apoyar al Gobierno pese a haberse mostrado públicamente en desacuerdo con algunas de sus medidas de austeridad, tanto que incluso solicitó -junto a otras instituciones- que el Constitucional se pronunciara sobre varias medidas de los Presupuestos de 2013.
Este fallo, según Passos Coelho, obligará a explicar a la UE y el FMI los cambios en los Presupuestos para que pueda darse por cerrada su última inspección a las finanzas del país y se libere el séptimo tramo de su ayuda, de 2.000 millones de euros. EFE