La persecución política que existe dentro de los organismos de administración pública y en las empresas del Estado, en contra de los trabajadores no alineados con la ideología política que promueve el Gobierno, representa una violación de los derechos humanos y laborales, asegura Elenis Rodríguez, presidenta de la asociación civil Fundeci.
Los recientes resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador de la Presidencia a Nicolás Maduro por un estrecho margen de votos, impulsaron una cacería en los órganos e instituciones de gobierno y organizaciones estatales, con la cual se busca desincorporar de las nóminas a los empleados considerados opositores.
“Con esa persecución el Gobierno viola los derechos humanos y laborales de los ciudadanos. Este Gobierno viola su propio decreto de inamovilidad laboral. En las instituciones de Gobierno, empresas del Estado y hasta gobernaciones se atenta contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos”.
A finales del año pasado el propio Maduro, entonces vicepresidente de la República, firmó el decreto 9.322, que se publicó en la Gaceta Oficial 40.079, con el que se extendió la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2013. El mismo prohíbe expresamente los despidos de trabajadores, a fin de promover su “prosperidad” y “bienestar”.
Rodríguez agrega que desde la semana pasada dentro de los organismos públicos revisan las computadoras personales, teléfonos celulares y las cuentas en redes sociales de los trabajadores como una medida para verificar su tendencia política, lo que -a su juicio- constituye un “atentado en contra de la propiedad”.
“La persecución de los empleados públicos es una violación de los derechos humanos, que están consagrados en nuestra Constitución y nuestras leyes. Se trata de una persecución peligrosa por parte de un Gobierno que tanto habla de independencia, democracia y derechos”, critica la abogada.
Voto secreto
La presidenta de la asociación civil Fundeci aclara que dentro de los organismos públicos y en las empresas del Estado se hacen señalamientos con base en la presunción, puesto que en Venezuela está demostrado que el voto es secreto, por lo tanto, no existe manera de comprobar por quién sufragó cada empleado.
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