En Venezuela ocurre una grosera violación a la Constitución, que en el fondo se traduce en una transgresión a los derechos fundamentales, siendo el epicentro de la misma el derecho de participación política.
Se trata de la violación al derecho esencial constitutivo de ciudadanía pues “somos ciudadanos en la medida en que participamos en la formación de la voluntad general y participamos en la formación de la voluntad general en la que somos ciudadanos” (Javier Pérez Royo)
Ese derecho fundamental, pilar esencial del Estado de Derecho, lo ejercemos directamente o mediante representantes a través del derecho al sufragio y principio de la representación.
No obstante, la violencia de Estado y su manifestación continuada se posó en este derecho fundamental, rompiendo la igualdad ciudadana, creando por vía de ilegal actuación, una discriminación inédita e inaceptable entre los venezolanos.
Dos hechos concretos que se alejan alarmantemente de la voluntad popular y de las formas democráticas: la elección presidencial y el desconocimiento por parte del Presidente de la Asamblea Nacional de los derechos de los diputados, las atribuciones y de las prerrogativas inherentes al cargo de representación que ejercen.
El primero hecho afectó la «legitimación de origen» del candidato del oficialismo proclamado vencedor y, el segundo, la “legitimidad de ejercicio” del Poder Legislativo Nacional, que lo juramentó.
En el caso de la elección presidencial se establece un hilo conductual antidemocrático continuado que afectó el proceso, independientemente del resultado también cuestionado, entre otros hechos, por:
1. La abierta parcialización del CNE.
2. Uso abusivo del “Sistema Bolivariano de Comunicación e Información”; así como el de otros recursos públicos para el financiamiento de la campaña oficialista.
3. Intimidación y despidos de funcionarios públicos contrarios al gobierno.
4. Intimidación a dirigentes, organizaciones políticas y ONG´s.
5. Violación del carácter secreto del voto a través del «voto asistido» (reservado para personas mayores y discapacitados convirtiéndolo en «voto inducido» para controlar el sufragio de funcionarios públicos, beneficiarios de las Misiones o vecinos de colectividades sometidas al control férreo de grupo paramilitares.
6. Violencia en las puertas de los centros de votación para impedir el sufragio de ciertas comunidades.
7. Autoridades militares en plena campaña, movilizando del componente militar para actividades propagandísticas, movilización de dirigentes oficialistas, simpatizantes y beneficiarios de Misiones (previamente amenazados).
8. Cierre anticipado de las fronteras.
9. Desconocimiento u obstaculización del derecho al voto de venezolanos en el extranjero.
10. No apertura del Registro Electoral Permanente (REP) para inscripción de nuevos votantes que cumplen 18 años después del 7 de octubre de 2012.
Por su parte, el desconocimiento del estatuto fundamental constitucionalmente reconocido y protegido a los Diputados de la oposición por parte de un par, circunstancialmente elevado a Presidente de la Asamblea Nacional (artículo 194 CR), bajo el fútil argumento del desconocimiento del ciudadano Nicolás Maduro, “como Presidente de la Republica” asesta un duro golpe a la representación democrática y a la institución del sufragio.
La unilateral e inconstitucional resolución del diputado Presidente según la cual “en esta AN mientras yo sea Presidente no tendrá derecho de palabra ningún Diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro”; la ausencia de disposición de proteger y garantizar su seguridad, constituyen graves hechos que aderezados con la destitución, igualmente inconstitucional, de los diputados de oposición como Presidentes de Comisiones Permanentes para la cual fueron elegidos por la plenaria del cuerpo legislador (artículo 193 CR), desconocen la soberanía popular, principio directivo de la legitimación democrática.
Esta forma sistemática de conducción “cabellista” de la AN en nada favorece la maltrecha ascensión y proyección de Maduro en la Presidencia de la Republica pues le resta prestancia democrática ante el país y el mundo, más allá del apoyo interesado de UNASUR.
La reciente arremetida parlamentaria contra la oposición le roba majestad al parlamento, le niega a Venezuela, en momentos de extrema tensión política, un escenario para la búsqueda urgente del consenso y del reconocimiento a un mayoritaria porción del país (contradictoriamente representada en una minoría en virtud de los artilugios de las pasada elecciones parlamentarias pero al fin y al cabo con representación soberana), y la atribución del carácter democrático y plural de la legislación que se dicte en el futuro.
Esa incontrolable maquina de aniquilamiento parlamentario erosiona las bases de una eventual tribuna capaz de frenar la confrontación que nos lance a una violencia incontrolable con pronóstico incierto y resultados indeseables para todos.
Si la afrenta a la democracia del Presidente de la AN continúa como mecanismo abusivo de presión para hacer desistir a la oposición del derecho a solicitar la revisión de todo el proceso comicial, sus incidencias, trámites y soportes, el desgaste de Maduro será acerelado.
Y finalmente, se incrementara el déficit de contenido democrático en el país con la lesión a la igualdad del voto y participación política, la eliminación de controles al Ejecutivo y se cerraran las cortinas que impidan el seguimiento del proceso político y decisión de los asuntos determinantes del país, de la cual la AN es una vitrina.
Por eso la deslegitimación acelerada angustia y antes de que genere más violencia hay que frenarla.
Por Leonardo Palacios Márquez
(@NegroPalacios)