Con base a la queja 2.763 interpuesta por Sunep-CVG en el 2009, la dirigencia sindical ha agregado nuevos alegatos al incumplimiento de la libertad sindical en Venezuela, publica Correo del Caroní.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto Clavel Rangel
Un grupo de sindicatos de Ciudad Guayana ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) actuar de manera “urgente” ante la ola de amenazas de despido y discriminación política en las instituciones y empresas del Estado.
Como base han recabado declaraciones de prensa, audios y videos entregados por los trabajadores, en los que se les amenaza de ser despedidos si están a favor del excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski.
La denuncia ha sido agregada como nuevo alegato a la queja 2.763 interpuesta por el Sindicato Único de Empleados Públicos (Sunep-CVG) en el 2010, a propósito de la detención y juicio del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González.
Por ahora han sustentado la denuncia con cinco declaraciones, entre ellas las del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y titular de Sidor, Rafael Gil Barrios, quien el pasado 17 de abril dijo que “quien no apoya el proceso democrático, socialista, revolucionario, no debe estar en cargos de dirección”.
La afirmación se dio luego de que el secretario de finanzas de Sutiss, José “Acarigua” Rodríguez, pidiera “hacer algo parecido a lo que planteó el compañero Tascón” porque las empresas están “full de adecos y copeyanos”.
Además de las declaraciones de Gil Barrios, los sindicatos esperan recabar otras pruebas de intimidación hacia el personal de la nómina pública.
En ese sentido, la dirigencia pidió al director general de la OIT, Guy Ryder, que el Comité de Libertad Sindical conozca del caso sin demora en vista del “peligro inminente” que corren los trabajadores.
Discriminación política
El abogado y director de Fundatrabajo, Eleuterio Benítez, calificó como “gravísima” la persecución que viola el derecho político de los trabajadores a tener una opinión y militancia dentro de algún partido.
Incluso, para los trabajadores de dirección y confianza que estipula la Ley Orgánica del Trabajo, Benítez apuntó que este personal está protegido y no pueden menoscabárseles sus garantías políticas.
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Citó el artículo 21 de la Constitución Bolivariana de la República y el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación en el empleo.
El documento enviado a la organización de la ONU expone que la amenaza de despidos por razones ideológicas “no pueden ser tomadas a la ligera en el país de la Lista Tascón (lista que se utilizó en el 2004 con los nombres de ciudadanos que firmaron a favor de un revocatorio contra Hugo Chávez) y menos si ésta ha sido expresamente recordada en esta oportunidad”.
Benítez conminó a los trabajadores perseguidos o amenazados a documentar las pruebas para continuar alimentando el expediente ante el organismo internacional.
“El hecho de tener un presidente obrero no da garantía de esto (que se va a sancionar la discriminación) y menos cuando se mantiene a un ministro como Molina (titular de la cartera de Vivienda)”, quien dicho sea de paso amenazó a los trabajadores con despedirlos.
Adhesión
Los sindicatos esperan poder adherir a otras organizaciones y trabajadores a la queja, a razón de las amenazas recabadas en todo el país.
El secretario general del Sunep-CVG, Juan Gómez, acompañado del secretario general de Sutracarbonorca, Emilio Campos, dirigentes de Sidor, Venalum, Alcasa, Ipostel y la Gobernación del estado Bolívar invitó a los trabajadores a confiar en la dirigencia sindical. “Estamos acá para defender sus derechos”.
Colocó a disposición el correo electrónico movimientodesindicatodebase02@gmail.com para la recepción de denuncias de trabajadores tanto de patrones públicos como privados.
“Los trabajadores vamos a estar al frente de esta lucha, porque un país no puede avanzar con un patrón que atropella el desarrollo, la paz y la tranquilidad. Le exigimos a este gobierno que baje el tono de voz y que se ponga a derecho discutiendo los contratos colectivos”, requirió Gómez.
Sobre la persecución luego de los resultados en las elecciones presidenciales, el delegado de prevención de Sidor, Carlos Ramírez, evaluó que los números revelan el descontento de los trabajadores con la precaria situación operativa de las empresas.
A su juicio la desacertada política en materia industrial motivó a los trabajadores a votar por el candidato opositor Henrique Capriles Radonski. “Los desaciertos que tienen estos compañeros sindicalistas que proponen una limpieza… ¿por qué no hacemos una limpieza en las acerías que tenemos todo ese poco de escombros? ¿Por qué no hacen una limpieza limpiando el techo de planchones y palanquillas que se está cayendo, Acarigua? Esa es la limpieza que se tiene que dar”, dijo.
Ramírez subrayó que los sidoristas apostaron por la propuesta de Capriles. “Nosotros no le tenemos miedo, nosotros somos irreverentes y votamos por quien nos da la gana”.
Historial Tascón
Las denuncias sobre violaciones al convenio de discriminación política (111) ante la OIT fueron interpuestas por la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (FEDE-UNEP) en el 2004, 2006 y posteriormente por la Confederación de Trabajadores de Venezuela en el 2007 a raíz del despido de 19 mil trabajadores de Pdvsa y la implementación de la Lista Tascón.
La comisión expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de los sindicatos e instó al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias legales y prácticas para corregir los efectos de los hechos discriminatorios referidos.
Hasta el 2011 la Comisión de Expertos lamentó que el Gobierno no haya informado sobre las medidas adoptadas para impedir que se discrimine a los trabajadores por su posición política y no haya presentado copias de las investigaciones que sustentan que los 19 mil trabajadores petroleros incurrieron en actos de sabotaje.
Piden a trabajadores de Comsigua firmar a favor de Nicolás Maduro
En una reunión a puerta cerrada en el Complejo Siderúrgico Guayana (Comsigua) el presidente de la estatal, Iván Hernández, comparó los hechos suscitados en el país luego de las elecciones presidenciales con la interrupción del gobierno del presidente Hugo Chávez en el 2002.
Señaló que detrás de la oposición están los intereses del “imperio” y el “capitalismo” mundial que buscan acabar con el socialismo impulsado por el presidente Hugo Chávez.
Con base a esos argumentos, se les leyó a los trabajadores varios artículos del Código Penal, entre ellos el de la rebelión, y luego se les invitó a firmar una comunicación en rechazo a la “violencia” y en respaldo a Nicolás Maduro.