Nicolás Maduro y su gobierno no pueden seguir tildando a Henrique Capriles de asesino y fascista, o anunciar que ya tienen una celda lista para su ingreso, sin responder fehacientemente a las acusaciones en su contra.
Capriles es cada vez más contundente en sus acusaciones sobre fraude e irregularidades en unas elecciones que perdió por un ínfimo porcentaje. Ese ínfimo porcentaje es el que legitima sus denuncias, porque cualquier irregularidad podría desequilibrar la balanza electoral.
Esa legitimación es la que Maduro no tiene, por muchas razones; entre las principales, porque no se mostró jamás convencido de que un conteo de votos es necesario, porque sigue ejerciendo presiones sobre el poder electoral hasta el punto que este dijo que una auditoría de los votos no cambiará el rumbo de la elección y, entre otras, porque con todo el aparato gubernamental manipulado a su favor, tuvo un margen escaso de ganancia.
Difícilmente el gobierno podrá silenciar a Capriles, ya que destituir políticamente al gobernador y líder de la oposición, atraería mayor inestabilidad.
Mientras a Capriles el único camino que le queda es seguir con sus denuncias para que el gobierno se sienta obligado a rendir cuentas, a Maduro, como gobernante, no le queda más que legitimar su gobierno con transparencia.
Si Maduro no permite mayor transparencia, su gobierno se verá condenado al fracaso y cada vez más inmovilizado para adoptar las medidas económicas adecuadas para superar la crisis.
La transparencia es su única opción. A no ser que quiera profundizar el autoritarismo del ex presidente Hugo Chávez y convertir a Venezuela en un estado totalitario.