Hemos sido sorprendidos por una publicación del INTI, realizada el pasado viernes 26 de abril, donde se considera nuestra apelación a la medida de rescate de tierras, aplicada el pasado mes de mayo 2012, como no-procedente.
Esta decisión, que no proviene de un tribunal, sino del mismo organismo al cual demandamos la nulidad de la medida que nos quitó más de cuatro millones de metros cuadrados, donde se están desarrollando proyectos urbanos, da una demostración de cómo en Venezuela no se respetan ni los derechos ciudadanos ni la propiedad privada.
En nuestro caso, hemos sido objeto de invasiones así como tomas de nuestras tierras y propiedades por distintos organismos públicos incluyendo al INTI, Alcaldía de Maturín, Gobernación de Monagas, CORPOELEC, entre otros.
Es evidente que somos objeto de una retaliación política por parte de este gobierno, por las posiciones públicas que hemos asumido en defensa de las leyes y la propiedad privada, así como por nuestros análisis, que demuestran como el llamado “Socialismo del Siglo XXI” se convirtió en un modelo económico y social cuyos resultados están a la vista: alto costo de la vida, escasez, desempleo, preocupantes niveles de pobreza y caída vertiginosa de la producción nacional.
Este gobierno, que se declara respetuoso de las leyes y de la propiedad privada, pretende imponer un doble discurso para cubrir las arbitrariedades que ha cometido y sigue haciendo contra los propietarios y empresas privadas nacionales.
El ejemplo más evidente es el monto de lo invertido por el gobierno en las tierras tomadas en la ciudad de Maturín, donde se han malgastado unos 15 millones de bolívares en siembras que no han dado resultado. Es igualmente preocupante el caso de la hacienda “Las Misiones” en Caripe, donde se sembrarían 500 hectáreas de naranja para la planta frutícola, sin haberse a la fecha sembrado una sola mata, pero si se han destruido unos 800 árboles de roble y cedro.
Nota de prensa