Argentina, Chile y Venezuela siguen este año en la “lista negra” de violación de los derechos de propiedad intelectual que elabora Estados Unidos, que en su informe divulgado hoy otorga a Ucrania la peor calificación.
EFE
El año pasado España salió de la lista de vigilancia por “la adopción de las medidas incluidas en la ley Sinde para combatir la piratería en Internet”, según indicó entonces la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EE.UU., encargada de elaborar el informe anual.
España no ha vuelto este año a la “Lista 301”, como es conocida, pese a que la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) recomendó en febrero pasado su retorno.
Argentina, Chile y Venezuela siguen este año en la “lista prioritaria de vigilancia”, mientras que en un segundo nivel de vigilancia aparecen otros países latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Perú.
Ucrania figura a la cabeza de la lista como “país extranjero prioritario” por sus “persistentes fallos para cumplir con los compromisos de mejora de la protección de la propiedad intelectual”, indica la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos.
Además, destaca que las “acciones e inacciones” de Ucrania están causando “un daño significativo a industrias que dependen de los derechos de propiedad intelectual” tanto en ese país como en otros mercados.
Ucrania ya fue designado “país extranjero prioritario” entre 2001 y 2005, un periodo durante el que estuvo suspendido de los beneficios comerciales que otorga EE.UU. dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés).
En cuanto a Argentina, continúa en la lista de vigilancia prioritaria porque persisten “preocupaciones significativas” sobre la piratería “incontrolada” y la falsificación.
EE.UU. urge a Argentina a tomar “medidas adicionales para frenar la creciente piratería en internet”, ya que el sistema judicial del país sigue siendo “ineficaz”.
Sobre Chile, aunque ha dado “algunos pasos”, EE.UU. sigue instando a ese país a que implemente “un sistema eficaz para hacer frente a los problemas de patentes con urgencia” en relación con las solicitudes para comercializar productos farmacéuticos.
Con respecto a Venezuela, al igual que en el caso de Argentina el informe alerta sobre la creciente piratería y la falsificación, e insta al Gobierno venezolano a poner en marcha un sistema “eficaz” de protección contra las prácticas de comercio desleal.