En el año 2012, se registraron 169 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en 248 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. Adicionalmente se documentaron 51 ataques informáticos, que mayoritariamente constituyeron violaciones a la privacidad y usurpación de cuentas en redes sociales.
Estas cifras reflejan un incremento de 21.6% en el número de casos con respecto al año anterior en el mismo lapso, cuando se registraron l39 casos. Además el año 2012 se convierte en el segundo con mayor número de casos desde 2002, sólo superado por el 2009.
Octubre fue el mes con mayor número de violaciones (37), seguido por marzo (30) y mayo (22). Se evidencia que en el período electoral aumentó el número de agresiones, momento en que medios y periodistas deben contar con las garantías suficientes para realizar su trabajo, para su integridad personal y el resguardo de sus equipos.
El derecho a la libertad de expresión es consustancial con el desarrollo de los procesos electorales, constituye un mecanismo fundamental que permite que los ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos y tomen sus decisiones. No garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión es una limitación a la oportunidad de construir un criterio debatido socialmente sobre las alternativas electorales asociadas a los representantes elegibles, que se manifiesta posteriormente en el voto y cuyo resultado incidirá en la vida de todos los ciudadanos.
Los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión fueron las agresiones hacia los profesionales del periodismo (24,6%), en segundo lugar la intimidación (22.5%), que afecta directamente a los medios de comunicación; y en tercer lugar la censura (21.3%) a los periodistas. Los medios y profesionales independientes o críticos siguen recibiendo descalificaciones, insultos y amenazas desde los medios gubernamentales y por parte de funcionarios públicos.
Las víctimas principales son los periodistas y reporteros que constituyen el 46% de las víctimas (78). La mayoría de los casos ocurren durante la cobertura de protestas de calle; en ellas los cuerpos de seguridad tienden a obstaculizar el trabajo de los reporteros, quienes son agredidos y despojados de sus equipos de trabajo. Los cuerpos de seguridad del Estado constituye el agresor principal (29%), el principal victimario es el Estado (61%).
El Distrito Capital se mantiene como la entidad donde suceden el mayor número de violaciones a la libertad de expresión con el 31% de los casos registrados (53). Se infiere que ello se debe a que en la Capital están las sedes de las principales instituciones del país, así como las sedes de los medios nacionales más importantes. Por segundo año consecutivo Barinas es el segundo estado con más violaciones (15), las cuales, en su mayoría, fueron llevadas a cabo por actuación de los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos del estado.
Las descalificaciones públicas, restricciones a las fuentes de información oficial, amenazas e intimidación a los periodistas, procesos judiciales ilegítimos y focalizados de acuerdo a la línea editorial, evidencian un proceso sistemático de hostigamiento a la libertad de expresión en el estado Barinas. El tercer y cuarto lugar lo ocupan los estados Carabobo (13) y Monagas (11) respectivamente.
En este informe agregamos un apartado sobre las cadenas, estas transmisiones obligatorias de radio y televisión, se mantienen como una política pública y constituyen un modo de restricción ilegítima a la libre circulación de la información. Además no cuentan con ninguna regulación, son arbitrarias y discrecionales, utilizadas frecuentemente para el proselitismo político partidario.
A pesar del registro de todos estos casos, la característica sustantiva de las agresiones y ataques a periodistas y medios es la impunidad. La percepción generalizada que desestima la denuncia por su escasa eficacia para alcanzar la justicia y reparar el daño, contribuye al desaliento de las víctimas.
La ausencia de justicia en los casos de agresiones y ataques, legitima la violencia contra los periodistas y medios; ello contribuye en la percepción subjetiva de riesgo que igualmente incide negativamente en el desempeño del rol que la comunicación debe cumplir en una sociedad democrática.
Este informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, lo realiza Espacio Público con el aporte y seguimiento del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela.
El Informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela correspondiente al año 2012, al igual que en años anteriores, se presenta en la oportunidad de celebrarse el día Mundial de la Libertad de Prensa, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, a petición de la Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El tema para este año es “Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión.