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En los regímenes democráticos las fuerzas policiales tienen el papel central de combatir la inseguridad, mientras que en los autoritarios emplean a las fuerzas armadas para esta labor. Esta es una conclusión compartida por expertos en la materia, como los generales retirados Miguel Aparicio y Enrique Prieto, y la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y es también una opinión resaltante en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicado en el año 2009.
Invertir los papeles –tal como pretende el presidente Nicolás Maduro, según se desprende de sus declaraciones del sábado sobre sacar el Ejército a la calle para combatir la delincuencia– es un error, pues tradicionalmente las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana, que corresponde a la fuerza policial civil, afirman los expertos.
Argumentan que la medida de delegar responsabilidades en la FAN en materia de seguridad ciudadana, en lugar de reducir la inseguridad, podría traer como consecuencia la intimidación de la población.
“La FAN no puede combatir la delincuencia con armas de guerra, pues la inseguridad hay que atacarla con la prevención. Cuando se desborda a la policía en desórdenes públicos es cuando la fuerza armada actúa por mandato constitucional y según lo establecido en el Reglamento de Servicio y Guarnición. Si está en la calle es para intimidar”, sostiene Aparicio.
San Miguel afirma que hay una clara criminalización de la protesta puesta en marcha por el gobierno de Maduro. “Este despliegue selectivo de la FAN en unas áreas y la Policía Nacional en otras es claramente una bisagra orientada a la línea de intimidar. Los estándares internacionales hemisféricos establecidos por la CIDH hablan de la inconsistencia e inaplicabilidad de la fuerza armada en el control del orden público”, enfatiza.
Con ella coincide el general retirado Enrique Prieto, que opina que Maduro pretende utilizar la FAN como una guardia pretoriana.
“Quieren poner a la FAN en la calle para amedrentar a los ciudadanos que protesten, no para atacar el hampa”, asegura.
En peligro los derechos humanos. El informe de la CIDH aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, pues acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.
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