Al momento de escribir este artículo cuatro problemas fundamentales agobian a la economía venezolana. El primero y más fundamental tiene que ver con el modelo económico que se ha seguido en Venezuela, con especial énfasis a partir de 2003 y que ha consistido en una vorágine de estatizaciones de empresas manufactureras, de servicios, haciendas, hatos y otros negocios. Ello se ha traducido en una amplificación asfixiante de la actividad del Estado en la economía que atenaza al sector privado e impide la expansión de la economía. Al lado de esto sobresale un conjunto de regulaciones de precios y de cambio que se han expresado en destrucción de capacidades productivas, especialmente en el sector industrial y agroalimentario. Todo esto ha tenido dos resultados previsibles. El primero, la generación y exacerbación de déficits fiscales en la medida en que los nuevos roles del Estado en la economía hacen insuficientes tanto los ingresos petroleros como los no petroleros, no obstante los generosos precios del petróleo. El segundo tiene que ver con el aumento acelerado de las importaciones. En 2012, entre las importaciones de bienes y servicios Venezuela tuvo que desembolsar aproximadamente US$ 75.000 millones, monto éste que agotó las reservas internacionales en manos del BCV. El auge importador de Venezuela está directamente relacionado con las falencias de un aparato productivo sometido a la hostilidad de una ideología estatizadora que ha fracasado universalmente.
El segundo problema que ahora encara la economía venezolana es una carencia acentuada de divisas. El BCV no cuenta con moneda extranjera para financiar las importaciones y el pago de la deuda externa. Ello se ha magnificado, entre otras cosas, por las voluminosas importaciones y también porque Venezuela exporta únicamente petróleo e importa todos los demás bienes. Por tanto, hoy los dólares escasean y el país acumula una deuda con los importadores que a corto plazo no puede pagar. En el gráfico adjunto se puede observar la caída en barrena de las reservas líquidas en poder del BCV. Es mera ilusión la de aquellos que piensan que el BCV va poder honrar los compromisos por importaciones facturadas y no canceladas. El tercer problema tiene que ver la crítica situación de desabastecimiento y elevada inflación. La historia nunca aprendida de la inflación en el mundo y particularmente en Venezuela ha llevado a los burócratas a pensar que con controles de precios se puede abatir la inflación.
La aplicación de un estricto control de precios con la vana ilusión de disminuir las tensiones inflacionarias se ha expresado en una disminución de los niveles de producción de alimentos, según cifras consignadas por el BCV. En una especie de acto demencial, los reguladores de precios creyeron que con más policías, guardias y supervisores se podía bajar la inflación sin percatarse que desde el BCV sus autoridades estaban creando un tsunami monetario que arrasaba con el valor del bolívar. No cabe en la cabeza de alguien con sentido común y mucho menos en quien haya pasado por un aula de una escuela de economía imaginar que el BCV pueda expandir la liquidez monetaria a un ritmo de 70,0% anual sin que ello dinamite la estabilidad del tipo de cambio y de los precios, tal como ha venido sucediendo recientemente. Frente a esas fuerzas inflacionarias que propició un banco central enloquecido, el gobierno quiso atemperar la escalada de precios con medidas administrativas y mayores controles. Así, con devaluaciones sucesivas del bolívar, la falta de dólares para importar materias primas a partir de noviembre de 2012 y con un esquema de precios que entumece la actividad productiva, el resultado ha sido que la escasez se ha potenciado, con lo cual ha desaparecido la variedad y el consumidor es víctima de un mercado que cada vez se monopoliza más. Siempre los sistemas socialistas estatistas, en todas partes han significado escasez y ésta es sinónimo de alta inflación. Ha sido un verdadero record mundial el que ha implantado las autoridades económicas de Venezuela al sufrir el país de la cuarta tasa de inflación más elevada del mundo en medio de sendos controles de precios y de cambio.
El cuarto problema y por ello no menos importante, se refriere a la situación crítica que experimenta la generación y distribución de electricidad en Venezuela. Habiéndose agotado las excusas, las cuales pasaron desde la acción conspirativas de reptiles hasta los efectos negativos del cambio climático, reconoció el nuevo ministro de energía eléctrica, el polifacético Jesse Chacón, que el monopolio eléctrico del Estado, Corpoelec, es un desastre. Que la empresa está minada por la corrupción, que las inversiones se han retrazado criminalmente y que la factura cobrada por el servicio no cobre ni siquiera el pago de la nómina de la empresa. Con la política de ensayo y error propio de la improvisación fue colocada Corpoelec en manos de amateurs nacionales en la actividad y también fue entregada la administración de la compañía a la avanzada cubana que cogobierna en Venezuela. El resultado es que pueblos y ciudades sufren de cortes permanentes de electricidad y la actividad económica está severamente resentida por las constantes interrupciones del servicio. Va a requerir un esfuerzo titánico levantar la producción manufacturera y la prestación de servicios con los déficit que en materia eléctrica tiene Venezuela. El país demanda un mejor gobierno.