Derecho al trabajo. Siguiendo instrucciones del líder democrático, Henrique Capriles, en el Zulia se constituyó formalmente la Defensoría del Pueblo Simón Bolívar, con la conformación de un equipo de abogados que atenderá los casos de los trabajadores despedidos, acosados o desmejorados laboralmente por razones políticas. Rafael Ramírez, coordinador político de Primero Justicia y especialista en Derecho Laboral anunció que más de treinta profesionales del derecho atenderán a los afectados en todas las etapas de los procesos legales que puedan emprender.
“Tenemos la intención de formalizar todos y cada uno de los expedientes en la medida en que los trabajadores se vayan acercando y podamos coordinar todo el procedimiento. La intención es que podamos garantizarles a todos los trabajadores del estado Zulia, de organismos nacionales o regionales, que estén siendo perseguidos, acosados, desmejorados o despedidos el derecho constitucional al trabajo. El derecho legal que cada uno de ellos tiene para que puedan ser atendidos y defendidos de cada una de esas prácticas que están penalizadas en la Ley Orgánica del Trabajo”.
Las consultas son absolutamente gratuitas y la atención a los afectados se hará en la sede del voluntariado, ubicada en la avenida Bella Vista, al lado de los tribunales, de manera permanente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. “En ese horario pueden acercarse todos los afectados para que puedan llenar la planilla que especifica los datos necesarios para verificar la condición laboral de los trabajadores como: Nombre y apellido, cargo, tiempo de servicio, forma de contratación, situación laboral en la cual se encuentra; si ha sido despedido, si ha sido hostigado, si ha sido cambiado de lugar de trabajo, si ha sido desmejorado de su cargo; para poder construir un expediente que será llevado a todas las instancias: administrativas, judiciales y funcionarial”, aseveró Ramírez.
Si el trabajador desea realizar una consulta concreta y requiere el contacto directo con los abogados, estarán disponibles de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. “El equipo en el estado Zulia está conformado por un grupo de más de treinta profesionales del derecho. Tendremos abogados que atenderán en cada una de las subregiones del estado, porque el Zulia tiene diferentes inspectorías que tienen que conocer los procedimientos administrativos de los trabajadores, por ejemplo en la Costa Oriental del Lago, está la inspectoría de Cabimas que es la que conoce de los trabajadores que estén allí, igualmente en Lagunillas. Las coordinaciones de abogados que estarán ubicadas en cada uno de esos municipios nos permitirán recoger las denuncias que se formulen en toda la geografía zuliana”.
Rafael Ramírez, quien ejerció además como coordinador operativo del Comando Simón Bolívar en el Zulia durante la campaña del 14 de abril, anunció que la semana próxima comenzará una gira por todos los municipios del estado para hacer reuniones formales de los trabajadores afectados, con los abogados que se encuentran en cada uno de los municipios foráneos. “Todos los trabajadores tendrán asistencia para determinar cuál es la mejor vía y cuál es el procedimiento que tiene que intentar, porque habrá algunos que quieran sus prestaciones sociales, habrá otros que quieran procedimientos de reenganche, habrá otros que por su condición de funcionario público tienen que ir para un tribunal contencioso y no para la inspectoría del trabajo y allí especificaremos todo lo que tienen que hacer, pero seguidamente a eso lo acompañaremos en todo el procedimiento; es decir, se asistirá para la formalización del reclamo o de la demanda o del proceso administrativo. Se actuará en todas las fases del proceso, en la etapa de prueba, en la etapa de conclusiones, de audiencias preliminares, en todo los que se constituya en el proceso laboral para poder darle una asistencia integral al trabajador”.
Por su parte, Carlos Petit, coordinador de la fuerza laboral en el estado Zulia, hizo un llamado a “los trabajadores que en este momento están siendo víctima de acoso o terrorismo laboral” a formalizar su reclamo mediante esta Defensoría del Pueblo Simón Bolívar. “No solamente los de la gobernación del estado, sino también todas las alcaldías donde hay persecución de los trabajadores, los de PDVSA, los del banco Bicentenario que están pidiendo que estos abogados los ayuden. Todos aquellos tercerizados, contratados, agentes comunitarios, cargos fijos, cargos de empleados, obreros que han sido despedidos de la administración pública por acoso de tipo político, todo este cuerpo de abogados va a estar a la defensa de sus derechos”.
Los afectados
Yajaira Blanco, madre de un niño especial de 5 años, con tres años de servicio en el Instituto Regional del Ambiente (IARA), fue despedida junto a otros cinco compañeros. “He dejado de llevar a mi hijo a la escuela por falta de dinero. Hago responsable a Francisco Arias Cárdenas porque el antes de despedir a la gente tenía primero que revisar quienes era los que estábamos trabajando y quiénes no. Yo si trabajaba. Él dice que no ha botado a nadie, pues aquí estoy yo que me botaron con tres años de servicio y no me han pagado”.
Estervina Peña, prestó servicios durante siete años en la Secretaria de Desarrollo Social del estado Zulia, fue suspendida de su cargo, junto a otros siete compañeros, sin notificación, el 17 de diciembre de 2012, un día después de las elecciones de gobernadores. “Ellos nos dicen que estamos suspendidos pero no nos dan información del por qué nos suspenden del cargo”. XXX