El presidente Nicolás Maduro repudió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, y la acusó de “arremeter” contra la democracia de Venezuela, luego de que el ente instara al Estado venezolano a garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos tras las elecciones presidenciales.
AFP
“La cuestionada y desprestigiada CIDH vuelve a arremeter contra la democracia y el pueblo venezolanos. Una vez más la rechazamos y repudiamos”, escribió el mandatario en su cuenta Twitter.
La CIDH instó este viernes a Venezuela a “adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión en este contexto”.
El organismo, autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), también recomendó a las autoridades venezolanas “iniciar investigaciones sobre todas las muertes y hechos de violencia reportados” tras las elecciones y sancionar a los responsables, garantizando el “debido proceso”.
En rechazo a las elecciones presidenciales del 14 de abril, cuando Maduro fue electo por un reducido margen de 1,49 puntos porcentuales ante el líder opositor Henrique Capriles, opositores causaron disturbios, que dejaron diez muertos y decenas de heridos, según cifras ofrecidas por el gobierno.
Capriles pidió la impugnación de los resultados electorales tras denunciar supuestas irregularidades en los comicios.
En septiembre próximo se hará efectivo el retiro de Venezuela de la Comisión, con sede en Washington, luego de que el país sudamericano denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos por orden del fallecido presidente Hugo Chávez, en ese mismo mes de 2012.
En su informe anual difundido en abril, la Comisión mantuvo en su “lista negra” a Venezuela, Cuba y Honduras por serias violaciones a los derechos humanos.
Caracas le niega desde 2002 el permiso a la CIDH para que envíe una misión al país, alegando que reconoció el breve gobierno de facto durante el golpe de Estado de abril de ese año contra Chávez, lo que es refutado por la Comisión.