Veo a Venezuela ad portas de un cambio mayor, lo cual no significa inmediatez, pero sí nuevo rumbo. La relación de aspiraciones y fuerzas varió sustancialmente. ¿Qué margen tiene el gobierno actual para mantener su predominio unilateral? Creo que muy escaso, sino nulo. Hasta ahora la opción del presidente Maduro ha sido la polarización, ante el doble temor de continuar perdiendo poder y de fragmentación de sus propias fuerzas, debiendo dar satisfacción a los más radicales. Pero ese camino es muy difícil de sostener, debilitaría más a Venezuela y también a su gobierno. Aunque hoy sea poco probable, podrían-deberían crearse condiciones para instalar espacios de conversación-negociación, y para lograr una corrección de las distorsiones institucionales y los desajustes económicos. Tales cambios convenidos favorecerían al país y debieran inspirar a los que piensan gobernar.
Una responsabilidad no menor recae en la oposición, pues tiene poder y la dinámica de las cosas debiera favorecerla, siempre que se mantenga unida y margine a las posiciones más extremas. Si su propósito es ganar las próximas elecciones municipales, parlamentarias y, unos años más, las presidenciales, debe tener en mente dos cuestiones cruciales: evitar riesgos de ruptura democrática, violencia o intervención militar (o de un grupo militar) y la urgencia de enderezar la situación económica. Ambas requieren una actitud política que se vaya abriendo a un compromiso, a fin de mantener un nivel de gobernabilidad y de calidad de vida, que permita hacer gobierno a quien gane las próximas elecciones. La idea que “mientras peor, mejor” es un mal camino. Quien busque entendimientos básicos y la unidad de los venezolanos será favorecido por la gente.
Pero la búsqueda de entendimientos básicos exige claridad en los objetivos.
Hay que elaborar ahora una estrategia. ¿Qué plan poner sobre la mesa? Lo primero son los cambios que garanticen limpieza electoral e igualdad de condiciones reales, reforzar la independencia de los órganos electorales, judiciales y constitucionales. Segundo, el ordenamiento fiscal, monetario y externo para evitar una caída en picada en el mercado negro, falta de productos alimenticios, contrabando de combustibles, inflación, dólares paralelos y la consiguiente dislocación y corrupción. Hay medidas elementales necesarias para alentar la inversión y el control y eficiencia en el uso de los recursos. Tercero, exigir el cumplimiento de los compromisos sociales, y garantizar condiciones básicas a los sectores más pobres, favorecidos por las políticas sociales del Presidente Chávez. Para ello es imprescindible hacer ajustes en la política económica, focalizar los beneficios sociales.
Tales medidas requieren de capacidad política y técnica y mucha resolución. Generalmente producen turbulencias sociales y políticas, pero sin ellas se dificulta bastante el afianzamiento democrático, de allí la necesidad de tener ciertos acuerdos para enderezar.
El apoyo de países latinoamericanos es importante. Si bien los gobiernos piensan distinto respecto de la actual administración venezolana, piensan igual en la necesidad de evitar una interrupción democrática. Es esencial, por tanto, tener un esbozo de estrategia de avance, que no sea el simple cuestionamiento de todo, la salida de Maduro o el vacío de poder. Los gobiernos de países latinoamericanos podrían contribuir a la búsqueda de espacios de conversación interna para afianzar la democracia. Dialogar y negociar es de la esencia de la política democrática. Sé de la lamentable reacción de Maduro a la propuesta del canciller peruano de promover conversaciones. Pero esa es la línea correcta para ayudar a que los venezolanos encuentren salidas, por su propio bien y el de América Latina. Y debe imponerse más temprano que tarde. Sabemos que no es fácil, pero cuando se tiene un propósito claro y una estrategia se consigue resultados.
La madurez democrática mostrada por el pueblo venezolano estos años es un capital para el futuro y se debe acrecentar, alejándose de los riesgos de ruptura y abriendo canales de conversación
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Sergio Bitar fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), en tres ocasiones, partido miembro de la Concertación, y de la Internacional Socialista.
Publicado originalmente en Infolatam