Dirigentes sindicales de las principales factorías de Guayana alertaron que el segundo proceso judicial que afronta Rubén González busca amedrentar a los trabajadores para que no reclamen sus beneficios laborales.
El viernes pasado, González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), recibió la notificación de que el 31 de mayo debe presentarse a la audiencia del segundo juicio que se le abrió por los cargos de instigación a delinquir, agavillamiento, restricción del derecho al trabajo y violación de una zona de seguridad.
“Nuevamente el gobierno criminaliza la protesta”, dijo González, en la sede del sindicato en Puerto Ordaz. “No cometí ninguno de esos delitos, en esa oportunidad estaba representando a los trabajadores en una protesta justificada por los incumplimientos en la contratación colectiva. Este es un juicio politiquero, partidista”.
Regreso al banquillo
Los hechos que originaron el proceso judicial contra González data de hace tres años y nueve meses atrás, cuando alrededor de 2 mil trabajadores protagonizaron 16 días de huelga de brazos caídos exigiendo a la empresa el cumplimiento de ciertos beneficios colectivos.
Durante 17 meses González estuvo preso mientras era juzgado en el Tribunal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz. En marzo de 2011, una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad del juicio y transfirió a un juzgado de Caracas conducir un nuevo juicio.
Obrerismo de palabra
González recibió la mayoría de los votos en las elecciones sindicales de julio de 2012 que le otorgó la victoria de la secretaría general de Sintraferrominera.
El dirigente reiteró que el nuevo juicio no lo disuadirá de acompañar las protestas reivindicativas de los trabajadores de la procesadora de mineral de hierro.
“Al presidente (Nicolás) Maduro que dice presidir un gobierno obrerista y fue sindicalista en el Metro de Caracas. ¿Cómo Maduro hacía su trabajo como sindical? ¿Nunca reclamó, protestó, hizo huelga para hacer respetar los beneficios de los trabajadores?”, dijo González.
En noviembre de 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dictó que los delitos imputados a González no justificaban su detención provisional y arresto domiciliario. También solicitó al Estado venezolano que el dirigente fuese juzgado en libertad y se le indemnizase por los daños y perjuicios sufridos.
Ola de miedo
Emilio Campos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Carbonorca, tomó la palabra en nombre de “los movimientos de base obrera” de las empresas básicas de Guayana para pronunciar el respaldo a González, que representa a toda la clase trabajadora. Además asistieron representantes de Alcasa, Venalum y Sidor.
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