Las poblaciones de San Antonio y Ureña están viviendo una situación muy grave por la escasez de productos de primera necesidad, y se agudizará aun más con las restricciones que han anunciado las autoridades gubernamentales regionales y nacionales, expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de esta localidad, Isabel Castillo. lanacion.com.ve / José G. Hernández
La queja por el desabastecimiento ha sido elevada ante las autoridades municipales y regionales, pero no ha habido solución alguna, por el contrario, se ha anunciado que van a restringir aun más el suministro de alimentos para esta zona de frontera.
Castillo consideró que las restricciones que los entes gubernamentales están adoptando contradicen lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues la misma indica que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria a toda la población venezolana, pero con ese proceder pareciera que San Antonio del Táchira y Ureña no formaran parte del territorio nacional.
— Hasta la mitad del puente internacional Simón Bolívar es territorio venezolano, y además en esta zona vivimos venezolanos que, como tal, tenemos que ser protegidos por nuestra Constitución. Nuestros representantes gubernamentales deben garantizarnos el abastecimiento de alimentos, la educación, la salud y los servicios públicos, como mínimo, para poder vivir en la región de frontera—, dijo la representante gremial.
Ante la problemática de desabastecimiento de alimentos que está viviendo la frontera venezolana, Castillo hizo un llamado al alcalde del municipio Bolívar y al gobernador del estado Táchira, para que se haga una revisión de la situación y se garantice el suministro suficiente de alimentos, así como también se mejore la prestación de los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, los cuales, a su juicio, son bastante deficientes.
— El Gobierno debe garantizar que los productos alimenticios lleguen verdaderamente a la población; ahora, si éstos se desvían por otros caminos, compete a las autoridades investigar a fondo qué motivo hay al respecto, pero nosotros no podemos pagar las consecuencias de esa situación. Eso de que vienen los productos para San Antonio y Ureña, pero son desviados por “x” razón para otros lugares, corresponde investigarlo a los organismos de seguridad, llamase Guardia Nacional, Policía, entre otros —, reiteró en sus declaraciones.
La población de la frontera exige, dijo Castillo, que le garanticen los productos de la cesta básica y servicios públicos idóneos, como agua potable, luz, gas.
— No es posible que en el municipio Bolívar existan sólo cuatro camiones cisternas para suministrar agua a toda la población que existe en esta zona —, añadió.
Refirió que la escasez de agua potable es un problema constante en esta población, y por esa razón también se genera una serie de enfermedades, como el dengue, infecciones respiratorias, “porque ante el racionamiento, la gente se ve obligada a almacenar agua, incluso agua de lluvia, y allí se reproducen los zancudos que transmiten esas enfermedades”.
La presidenta igualmente consideró que los servicios de electricidad y gas son críticos, lo que perjudica la calidad de vida de la población venezolana, en este caso, la de las personas que habitan en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña.