El diputado José Ramón Arias (PJ) expresó en nombre del Bloque Unitario de Aragua su determinación en conocer los detalles mas mínimos sobre la gestión del ex gobernador Isea, a pesar de las constantes negativas que han recibido por parte de los organismos encargados de facilitar la Memoria y Cuenta de esa administración regional. “Nosotros desde el Consejo Legislativo hemos insistido en solicitar el informe de gestión de todo el periodo del ex gobernador Rafael Isea – años 2009, 2010 y 2011 – y además, el acta de entrega que consignó ante la Contraloría General del Estado el actual gobernador Tareck El Aissami acerca del estatus administrativo en que se recibieron todas las dependencias del Gobierno de Aragua, como lo establecen las Normas Para Regular La Entrega de Órganos de la Administración Pública, presentes en la Gaceta Oficial N° 39.229 del día martes 28 de julio de 2009”, explicó el legislador Arias.
Uno de los puntos clave que el Bloque Unitario ha venido denunciando en las últimas sesiones es el caso del Distribuidor Simón Bolívar, una obra de vialidad comenzada durante el período pasado y que hasta ahora no ha sido culminada, tras haber sido pautada su fecha de entrega para julio de 2012, y que actualmente acumula 10 meses de atraso, sin ninguna clase de trabajos visibles.
“Según el antiguo Secretario de Infraestructura del estado Aragua, este distribuidor contó con una inversión de 22 millones de bolívares fuertes; Para esta fecha es casi imposible que se mantenga el mismo costo por todos estos elementos: la devaluación, el aumento del salario mínimo y el imprevisto que ocurrió el año pasado, cuando la placa colapsó por completo”, indicó Arias, afirmando que “ni siquiera hay una valla – como lo establece la Ley – donde podamos ver el monto de la inversión total, constructora responsable e ingenieros supervisor y residente.”
El diputado Arias afirma que “El pueblo de Aragua está cansado de que lo engañen, de que le vendan gato por liebre”, haciendo referencia a la multitud de denuncias que la oposición ha venido realizando sobre casos de corrupción, obras no completadas y mala administración en varias de las dependencias del estado: “haremos todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para informarles por las vías necesarias al pueblo y que sepan quienes los gobiernan, quiénes son los verdaderos responsable de nuestra situación; Por eso más que nunca decimos que no somos en la oposición a este gobierno, nosotros somos la solución a los problemas de Venezuela.”
Buscan a los responsables del desfalco
Por su parte, la diputada Margarita Rivero (AD) expresó durante la sesión ordinaria de este martes 21 de mayo su solicitud de integrar una comisión mixta entre la de Finanzas y la de Infraestructura, con el propósito de investigar qué es lo que ha venido sucediendo con todas las obras de envergadura en Aragua que se encuentran paralizadas o retrasadas, haciendo mención a casos en específico como el Teatro de la Ópera de Maracay, el estado Paraolímpico y el distribuidor de La Encrucijada. Rivero solicitó al presidente de la Cámara Legislativa, el diputado Alberto Mora, que se considerase la integración de dicha comisión mixta, con miembros de ambas bancadas (oficialista y opositora) para darle respuestas a los aragüeños y establecer responsabilidades administrativas.
La diputada Betsy Bustos (PJ) tomó el derecho de palabra tras culminar la intervención de Rivero, para recordar que durante la sesión pasada la bancada opositora negó su voto a favor de la constitución de dos empresas – Aramica y Construaragua – las cuales suplantarían a Minarsa (explotación de minas) y Corasa (mantenimiento de vías públicas) respectivamente, considerando que la creación de las mismas viola las normativas debido a que ambas funcionarían bajo la misma dirección fiscal sin haber sido liquidadas las anteriores, ni determinado sus responsabilidades administrativas, nóminas o bienes. Bustos asegura que no piensan negarse ante cualquier incentivo que mejore la calidad de vida de los aragüeños, siempre y cuando esté amparado bajo todos los estatutos legales, y se garantice una liquidación justa de las mismas para evitar cualquier irregularidad administrativa, aparte de establecer las responsabilidades necesarias en caso de haberse presentado desfalcos al erario público.