Víctimas de robos de recién nacidos ocurridos en España desde la dictadura franquista (1939-1975) hasta finales de los años 1980 pidieron ayuda al papa Francisco para “que se abran los archivos de la Iglesia”, en una carta divulgada este viernes.
En los últimos años en España “se ha descubierto la inmensidad dramática que tenían redes de compraventa de niños que operaron desde los años 40 a los 90 del S. XX, de forma impune”, afirmaba la carta dirigida al pontífice por el abogado Enrique Vila Torres, presidente de la asociación SOS Bebés Robados.
Unos 300.000 bebés pudieron haber sido robados durante la dictadura de Francisco Franco y hasta que en 1987 se adoptó una ley que enmarcara las adopciones en España, según la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares.
Bajo el franquismo, estos niños eran robados a las madres republicanas en virtud de un decreto de 1940 que permitía al régimen hacerse cargo de ellos si se consideraba que su “educación moral” estaba en peligro.
En los primeros años de la democracia el tráfico de niños continuó, incluyendo la venta de bebés, en ocasiones en clínicas gestionadas por instituciones católicas.
Ante este escándalo, las autoridades españolas tomaron medidas para favorecer las búsquedas de las familias.
“Uno de los obstáculos más férreos que aún nos encontramos en el ejercicio de este derecho a conocer a nuestros familiares en España, se da cuando los archivos en los que consta la identidad buscada de madres o hijos, son archivos eclesiales”, afirmaba Vila en la misiva, enviada hace días.
Algunos responsables católicos “se niegan aún hoy en día a facilitar el cumplimiento de la Ley, y ni tan siquiera con órdenes judiciales entregan los datos de las mujeres que dieron a luz en sus instituciones”, agregaba.
“Es por todo ello, Santo Padre, por lo que le ruego ayuda para los miles de ciudadanos españoles que buscamos a nuestros familiares (…) Rogamos su implicación e interés directo, como ha manifestado que va a hacer en el caso de nuestros hermanos argentinos que también padecieron ese horror”, concluía.
La primera imputada en este vasto escándalo, la religiosa de 87 años Sor María Gómez Valbuena, murió en enero antes de declarar por segunda vez ante la justicia. AFP