Y no se trata sólo de consideraciones técnicas, pues también pudiéramos citar responsabilidades legales, como la establecida que en el Articulo # 40 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, promulgada en el 2009, donde se establece: “El Estado, el sector privado y las comunidades promoverán acciones, valores y prácticas que contribuyan a la identificación y reducción de riesgos, así como con la preparación y atención en caso de emergencias y desastres”.
Todo esto lo traigo a referencia, motivado por unas muy recientes declaraciones del Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon, donde señala que en lo que va de este siglo las pérdidas económicas directas que ocasionan los desastres ascienden a unos $2,5 billones de dólares americanos y concluye con la siguiente reflexión: \”Las pérdidas económicas que ocasionan los desastres están fuera de control y sólo pueden reducirse en alianza con el sector privado, incluidos los bancos de inversión y las empresas aseguradoras. El sector privado realiza del 70 al 85 por ciento de todas las inversiones mundiales en nuevos edificios, diversas industrias y pequeñas y medianas empresas. Los mercados han asignado más valor a la rentabilidad a corto plazo que a la sostenibilidad y la resiliencia. La reducción del grado de exposición de su inversión frente al riesgo de desastres no es un costo, sino más bien una oportunidad para lograr que esa inversión sea más atractiva a largo plazo\”.
Entonces digo yo, ya sea por vía del convencimiento propio, por responsabilidad social empresarial, por imperativo de Ley, solicitud de la ONU, o por necesidad nacional, el sector privado deber ser un actor principal en materia de reducción de los desastres en Venezuela.
@Angelrangels