El paro indefinido decidido por los profesores esta garantizado en el derecho constitucional
En los últimos cinco años el mundo laboral lidera el ranking de las protestas en Venezuela. Ademas del número de protestas destacan la intensidad y magnitud de los conflictos. Las industrias básicas y el sector construcción han sido ejemplos recurrentes de la conflictividad laboral.
Intervención Siglo XXI
Dentro de este panorama los obreros, empleados y profesores universitarios han tenido también un lugar preponderante. Las universidades autónomas han navegado en un mar de conflictividad durante la ultima década. En 2013 el conflicto en la educación superior ha alcanzado niveles insostenibles.
El gobierno nacional ha cobrado a las universidades autónomas la osadía de ser críticas y no plegarse a las lineas políticas del oficialismo. Hoy, los representantes del poder no entran a las universidades con tanques y perdigones, como en épocas pasadas, ahora simplemente las asfixian financieramente. Una sutil forma de intervención.
La estrategia en contra de las universidades es muy parecida a la aplicada a las organizaciones sociales: intimidación y mecanismos legales para restringir sus fondos y su funcionamiento. Bajo este esquema gubernamental de amenazas y asfixia, más de una organización ha cedido y se ha arrimado a lineas del oficialismo para poder sobrevivir. Y eso es lo que ha buscado el actual gobierno desde 1.999: tener universidades complacientes y acríticas.
Paro indefinido
La semana pasada los profesores universitarios de la Universidad Central de Venezuela, UCV, optaron por mayoría de votación, por el cese de sus actividades. Decidieron pues unirse a la paralización indefinida de actividades convocada por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), que agrupa a cuarenta mil profesores universitarios de todo el país, después de realizar distintas actividades de protesta y de no llegar a acuerdos sobre las reivindicaciones salariales con el Ministerio de Educación Universitaria.
Piden los profesores, entre otras cosas, un diálogo sin exclusión y que se garantice el fiel cumplimiento de los derechos laborales establecidos en la Constitución Nacional y rechazan además el acoso judicial del que han sido objeto a través de un recurso de amparo sobre el derecho al estudio. La criminalización de la protesta como política de Estado, se está aplicando ahora al conflicto universitario.
La crisis universitaria es compleja y tiene varias aristas. Or un lado está el paro profesoral, que tiene una motivación reivindicativa justa. Solo hay que ver el sueldo de los docentes universitarios: muchos ganan al mes un poco mas de sueldo mínimo.
Pero también está en juego la vida misma de las universidades autónomas. La crisis de recursos alcanza también a obreros, empleados, estudiantes, la investigación y a la infraestructura. Existe pues una crisis abierta que impacta de lleno en el corazón mismo de la Universidad. Una crisis que va más allá de las reivindicaciones laborales de quienes allí trabajan.
El gobierno, que en este caso es patrón, es el que tiene que garantizar el derecho a la educación y está obligado a sentarse a dialogar y a buscar salidas y soluciones.
Protestar es un derecho
La paralización indefinida decidida por los docentes de la educación superior esta garantizada en el derecho constitucional y humano a la manifestación pacifica y también en el derecho a la huelga. Una medida extrema para hacer entrar en razón a quienes ostentan el poder desde el Ejecutivo.
Las universidades son autónomas e independientes y, al igual que las ONG, se lo han hecho saber al gobierno. Los miembros del Ejecutivo Nacional quedaron desplazados por la sensatez y el espíritu reivindicativo e irreverente de la universidad venezolana, que no se ha doblegado nunca a ningún gobierno.
@MarcoAPonce y @mlhccs
ConflictoVe Fuente: TalCual, 10 de junio de 2013, pág 8
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