Al momento de escribir esta nota las comunidades universitarias de Lara:Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Universidad Politécnica Experimental Antonio José de Sucre y Universidad Pedagógica Experimental Libertador mantienen una logística para apoyar a sus valientes compañeros, quienes iniciaron este lunes 10 de junio una caminata de 400 kilómetros (Barquisimeto-Caracas) para exigir salarios dignos y presupuesto justo para sus casas de estudios.
Son docentes, estudiantes, personal administrativo y obreros quienes este pasado lunes por la tarde arribaron a la población de Yaritagua. La mañana del martes, muy temprano, reiniciaron su andar hasta San Felipe, allí se les unirán docentes de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, institución que, a pesar de estar controlada por el régimen, cuenta con docentes quienes en su inmensa mayoría apoyan el paro universitario, al igual que los estudiantes, personal administrativo y de servicio.
En pocos días arribarán a Valencia donde les espera la comunidad universitaria de la insigne Universidad de Carabobo. Allí tendrán el apoyo de docentes, estudiantes, personal administrativo y obreros.
Redactar este artículo no es tanto por solidaridad con mi Alma Mater sino para denunciar la evidente injerencia del régimen fascista en las universidades. Valiéndose de estratagemas leguleyas este régimen creó sindicatos paralelos a la Federación de Profesores (Fapuv), asociaciones y gremios de obreros, estudiantes, administrativos y docentes, legal y legítimamente constituidos, para formar “mesas de discusión” donde se debate un supuesto documento que tiene como principio y base de funcionamiento, la “educación socialista” como fundamento de la formación universitaria.
Esto contraviene y desnaturaliza uno de los principios que soportan la tradición de lo “universitas” como es la pluralidad del pensamiento. Además, es una clara contradicción con el principio que soporta la universidad venezolana: republicana, democrática, autónoma y popular.
Detrás de ese parapeto montado por el ministro Pedro Calzadilla, con docentes, estudiantes y demás personal de algunas instituciones universitarias, quienes se prestaron para conformar esas mesas de discusión, está el proyecto diseñado desde hace varios años, para apoderarse de las universidades.
La lucha de los universitarios contra estos intentos de este régimen fascista, inepto, corrupto y corruptor tiene varios años. Durante más de siete años la comunidad universitaria venezolana, desde sus gremios legítimos y legalmente constituidos, ha venido denunciando el cerco presupuestario impuesto por el régimen.
Desde hace cuatro años las carencias por insuficiencias presupuestarias, sueldos y salarios, planta física, transporte, comedor y becas estudiantiles han evidenciado la desidia e ineptitud de una camarilla de potenciales “delincuentes de la educación” quienes, encabezados por ministros y asesores, acentúan el cerco de mendicidad sobre la dignidad de la educación y particularmente, de la universidad venezolana.
Resulta insólito que dirigentes oficialistas universitarios estén en contra del paro en las casas de estudios superiores. Sin embargo, declaran a viva voz que apoyan el aumento de sueldo. Contradictorio, hipócrita y cínico. Por el contrario, la población docente, estudiantes, empleados y obreros chavistas, solidarios y a “sotto voce” comentan y declaran su apoyo a las justas reivindicaciones que adelantan sus asociaciones y gremios. Muchos de ellos pertenecen a universidades intervenidas por este régimen clasista y manipulador.
Mientras más se acentúe el cerco contra las universidades republicanas, democráticas, autónomas y populares mayor será el apoyo y solidaridad de los ciudadanos. Y sobre todo, encontrará más adhesiones en la población de la comunidad universitaria chavista, hartos de tanto chantaje y “bozal de arepa” contra estos profesionales a quienes se les niegan sus mínimos derechos laborales, como son su estabilidad académica y contratación colectiva.
Todo miembro de la comunidad universitaria tiene como principio y deber moral denunciar las injusticias y vejaciones de un régimen fascista que pretende imponer un pensamiento único de sumisión a un Estado autoritario y militarista. Mantenerse en silencio es poco menos que cobardía y traición a sus principios académicos.