Presos en sus propios apartamentos, así viven 937 personas discapacitadas que habitan en las comunidades de Caucagüita y Araguaney. Ellos esperan desde hace seis meses la instalación de 56 ascensores para los edificios ubicados en esta zona del municipio Sucre.
La fundación Propatria 2000, que financia los trabajos, debía colocar los nuevos elevadores para cumplir con la primera etapa de la obra, que fue aprobada en mayo de 2012 por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Paso a paso, escalón por escalón, el camino se hace tan cuesta arriba como la rezagada respuesta oficial. Mientras tanto, empeora la condición de algunos vecinos con patologías diversas (algunas degenerativas) y que requieren atención médica. Pero el retraso en la entrega de los ascensores los condena a permanecer confinados, puertas adentro de sus hogares, de forma indefinida. Los vecinos denuncian que se sienten pagando casa por cárcel pero sin haber cometido delito.
Este es el caso de Oswaldo Briceño que desde hace 15 años está en silla de ruedas, a causa de una bala perdida que impactó en su columna durante una fiesta de navidad en el sector donde aún reside.
Recuerda que antes de que se dañara el ascensor bajaba con regularidad hacia la planta baja de su edificio, pero desde hace seis meses debe pagar lo que representa un viaje a Maracay para ir y venir de su casa. “Son 120 bolívares los que debo pagar a dos muchachos, vecinos de aquí, que me ayudan a subir y a bajar cuando quiero distraerme, y me quedo en la plaza tomando un poco de sol y pasando un rato distinto”.
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