Amnistía Internacional (AI) exigió el sábado que se retiren los cargos en contra de la jueza María Lourdes Afiuni, cuya detención durante tres años y medio se convirtió en un caso destacado de derechos humanos, aunque saludo como una buena noticia la decisión de otorgarle la libertad condicional.
“Es una buena noticia, pero claramente insuficiente”, dijo el sábado en un comunicado Guadalupe Marengo, subdirectora de la sección Américas de la organización.
“Más de tres años después de haber sido detenida no se han presentado pruebas fehacientes en contra de la jueza Afiuni. Exigimos una vez más que le sean retirados los cargos que pesan contra ella”, expresó Marengo en el comunicado.
La jueza, de 50 años, obtuvo la libertad condicional el viernes tras recibir la boleta que le permitió salir a la calle por primera vez en tres años y medio sin esposas ni custodia de un cuerpo de seguridad.
La medida de libertad condicional fue solicitada por la Fiscalía para permitirle a Afiuni trasladarse para hacerse los chequeos o tratamientos médicos que considere necesario en relación a sus complejos problemas de salud.
La jueza y sus abogados se habían quejado en varias oportunidades de que las autoridades han limitado o retrasado su traslado a centros médicos para atenderse afecciones en el seno derecho y un ovario.
José Amalio Graterol, uno de los abogados de la magistrada, dijo a la AP el viernes que por decisión de la jueza que lleva el caso Afiuni está obligada a presentarse cada 15 días ante el tribunal y tiene prohibido salir del país mientras continúa el proceso que se le sigue por presunta corrupción.
Afiuni se presentará al tribunal pero mantendrá su postura de no entrar a la audiencia, como lo ha hecho en los últimos tres años y medio, por considerar que no es legal que a “un juez por tomar una decisión que no le gusta al Ejecutivo Nacional pueda ser juzgado y privado de libertad arbitrariamente”, precisó Graterol. El juicio comenzó en noviembre del año pasado.
Adicionalmente la jueza “no puede declarar a la prensa” ni hacer “uso de las redes sociales” como Twitter, que utilizó hasta el viernes cuando se le concedió la libertad condicional, informaron sus abogados.
Amnistía, que tiene su sede en Londres, expresó al respecto que “las medidas cautelares que acompañan a la concesión libertad condicional son preocupantes, pues representan serias limitaciones a su libertad de expresión y de movimiento”.
“Amnistía Internacional ha reiterado en numerosas ocasiones que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo”, agregó el escrito.
El caso Afiuni ha pasado a ser visto como un símbolo por los opositores al fallecido presidente Hugo Chávez, a quien acusaron de ejercer una influencia indebida en el sistema judicial.
Afiuni fue encarcelada en el 2009 por ordenar la libertad provisional del ex banquero Eligio Cedeño, que estuvo preso durante casi tres años a la espera de un juicio por el supuesto delito de violar el sistema de control de divisas, vigente desde hace 10 años. Al obtener la libertad provisional, Cedeño, quien aseguraba ser un “perseguido político” del gobierno de Chávez, huyó del país y pidió asilo en Estados Unidos.
En febrero de 2012, la jueza fue trasladada, por orden de un tribunal, de una cárcel de mujeres a su apartamento, en la capital, donde cumplió arresto domiciliario.
Varias otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la independencia de magistrados y abogados, se han pronunciado a favor de Afiuni y exigen el respeto de sus derechos humanos y un debido proceso.