El ministro del Interior de Venezuela, el general Miguel Rodríguez Torres, admitió en una entrevista publicada hoy que el Gobierno deliberadamente no difunde cifras oficiales de homicidios, secuestros y otros delitos, pero que ha recomendado al presidente, Nicolás Maduro, volver a hacerlas públicas.
“Yo hablé con el presidente Maduro de este tema y entre las cosas que le dije es que en algún momento había que empezar a dar las cifras, pues éstas son favorables a lo que queremos. Los homicidios han reducido 5 %”, dijo el general al diario caraqueño El Nacional.
Rodríguez exigió a los medios de comunicación sacar la inseguridad ciudadana de la diatriba política para que el Gobierno pueda “hablar claro” sobre el impacto del problema y remarcó que “eso en cualquier momento podrá ocurrir”.
“Sincerar las cifras debe ser algo recíproco. Cuando los medios se sienten conmigo y me digan que van a ser sinceros, que vamos a trabajar entre todos en pro de la seguridad, podremos hablar claro”, manifestó.
El Gobierno desea, prosiguió el ministro, “mejorar la percepción de seguridad” y para ello requiere un trabajo conjunto “de los dueños de los medios y los periodistas con los ciudadanos y los cuerpos de seguridad”.
Las últimas cifras oficiales dieron cuenta de que en 2012 se produjeron 16.072 homicidios, un 14 % más que el año precedente, equivalente a una tasa de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Reportes de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) sostienen que la tasa llega ahora a 73 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que no ha sido comentado por el Gobierno.
Maduro ha admitido, sin embargo, que la inseguridad nacional es el problema “más grave” del país, por lo que debe ser afrontado “con la alianza popular cívico-militar”.
Rodríguez es responsable del llamado “Plan Patria Segura” que el Gobierno impulsa desde mayo pasado y que incluye el patrullaje de calles de las principales ciudades del país con más de 12.000 soldados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional (GN, policía militarizada) en operaciones de apoyo a los agentes policiales.
“Aquí no hay ninguna militarización. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se la pasa haciendo reuniones con los consejos comunales. Tú le dices a la gente (…) que vas a recoger el Ejército y se amotina porque quiere a sus Fuerzas Armadas”, añadió y destacó que el Plan se ejecuta con pleno respeto a los derechos humanos.
Consultado por el matutino por la persistencia del problema si el Gobierno ataca el problema “en sus causas y las identifica en la pobreza y la exclusión”, el ministro admitió: “Es una pregunta que yo me hago incesantemente y la discutimos en el Gobierno”. EFE