Agrega Conapro que el periodista Nelson Bocaranda se limitó a difundir una información que él había recibido en un momento particular de coyuntura política, en el cual era fundamental que la información relacionada con el proceso electoral circulara ampliamente en la sociedad de manera que pudiera contribuir con el debate social que se estaba suscitando. Bocaranda, al divulgar esta información, no fomentó la violencia en ninguna manera, ni tampoco la alteración al orden público o la desobediencia de las leyes.
Conapro exige al Gobierno que desista de acusar públicamente al periodista Nelson Bocaranda y a otros comunicadores de instigación a la violencia, alteración del orden público y otros delitos similares como consecuencia de la simple divulgación de información; respete y garantice la libre circulación de ideas y opiniones en el marco de una sociedad democrática de conformidad con el derecho humano a la libertad de expresión e información, y se abstenga de hacer pronunciamientos o acciones que fomenten el temor en la población por las ideas que expresan y así se configure la autocensura.
Comunicado
La Comisión Nacional de Protección para los Periodistas (CONAPRO)[1] rechaza la acusación contra Nelson Bocaranda de haber instigado a la violencia como consecuencia de la difusión de información sobre urnas electorales en un CDI de Maracaibo, en el contexto de las pasadas elecciones del 14 de abril.
El pasado viernes 05 de julio la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció a través de su cuenta de Twitter (@lortegadiaz) que el periodista Nelson Bocaranda estaba citado para comparecer el martes 09 de julio ante la Fiscalía 48 Nacional; anuncio que fue posteriormente confirmado por una nota de prensa publicada en el portal web del Ministerio Público, el cual aclaró que Bocaranda había sido citado en calidad de testigo, en relación con los hechos de violencia ocurridos luego de la elección presidencial del pasado 14 de abril[2].
Es también de conocimiento público que las autoridades acusaron varias veces a Bocaranda de incitar a la violencia, pues el 15 de abril publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Informan que en el CDI de La Paz en Gallo Verde (Maracaibo), hay urnas electorales escondidas y los cubanos allí no las dejan sacar”.
En una sociedad democrática es necesario que las ideas puedan circular con libertad de manera que pueda existir un debate amplio de los distintos temas y los ciudadanos puedan formarse su propio criterio con respecto a la información, así como exigir a las autoridades el cese de las irregularidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su Principio 7 que: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”. De la misma manera, señala en el Principio 5 que “Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
En este sentido, en este caso, el periodista Nelson Bocaranda se limitó a difundir una información que él había recibido en un momento particular de coyuntura política, en el cual era fundamental que la información relacionada con el proceso electoral circulara ampliamente en la sociedad de manera que pudiera contribuir con el debate social que se estaba suscitando. Bocaranda, al divulgar esta información, no fomentó la violencia en ninguna manera, ni tampoco la alteración al orden público o la desobediencia de las leyes.
El hecho de que se le acuse públicamente y se de apertura a un proceso de investigación penal por la presunta incitación a la violencia constituye una presión indirecta que configura un obstáculo a su libertad de expresión. A la vez, hechos como estos contribuyen a aumentar la autocensura en la población.
Por estas razones, la CONAPRO solicita al Estado venezolano que:
1. Desista de acusar públicamente al periodista Nelson Bocaranda y a otros comunicadores de instigación a la violencia, alteración del orden público y otros delitos similares como consecuencia de la simple divulgación de información.
2. Respete y garantice la libre circulación de ideas y opiniones en el marco de una sociedad democrática de conformidad con el derecho humano a la libertad de expresión e información.
3. Se abstenga de hacer pronunciamientos o acciones que fomenten el temor en la población por las ideas que expresan y así se configure la autocensura.
[1] La Comisión Nacional de Protección para los Periodistas (CONAPRO), está integrada por representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) y Espacio Público y tiene como objetivo la protección de los trabajadores de la información desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
[2] Ministerio Público (2013). MP citó a Nelson Bocaranda por hechos de violencia ocurridos luego de la reciente elección presidencial. Recuperado el 09.07.13 desde: http://xurl.es/u7i5a
El Universal (2013). Fiscal anuncia que citó al periodista Nelson Bocaranda. 5 de julio de 2013. Recuperado el 09.07.13 desde: http://xurl.es/bv9b2