La insinuación de una “nueva forma de lucha” -que alude al abandono de la fórmula pacífico-electoral empleada por Chávez- no pudo ser más explícita. A la luz de los hechos, resulta imposible desvincular semejante ultimátum con la última de las persistentes caracterizaciones con la cual el gobierno busca la invalidación de sus adversarios, a los que intencionalmente José Vicente Rangel comienza a llamar “oposición forajida”.
El cuento de “oposición fascista” no es una descalificación más. El afán con que se intenta posicionar el latiguillo, luce como el telón de fondo de un peligroso esquema de confrontación: la intensa campaña contra dirigentes de PJ parece un eslabón principal de la cadena. Conforme a la solapada construcción que el oficialismo viene levantando, el régimen estaría en su derecho de proscribir, por la vía de los hechos, a la llamada “oposición fascista” y a su principal líder. Según lo insinuado por Jaua, bastaría decir que Capriles y “el fascismo amarillo” “contrarían los valores, principios y garantías democráticos”, a los que alude el 350, para justificar el manotazo.
El derecho a la rebelión a la que Jaua se refirió, lleva el sentido que Chávez le daba al 350, cuando un segmento del país democrático reivindicaba su invocación. La canallada de dividir a sus contrarios, hablando de una tal “oposición seria” -claramente decidida a no participar con decisión en la disputa por el poder, a cambio de canonjías y de una porción de la piñata petrolera-, hace parte del diseño. La gravedad de su alcance debería alertar a la oposición sobre la necesidad de mantenerse unida, sin hacerle concesiones a las apetencias particulares, ni a las rivalidades suicidas que debilitarían su musculatura para encarar episodios tan desafiantes como el sugerido. A los cazadores de güire hay que mantenerlos a raya: sin querer o queriendo, ellos colaboran con las pretensiones del gobierno.
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