Los parientes de los 63 muertos y las 129 personas que resultaron heridas en la masacre ocurrida el 25 de enero en el Centro Penitenciario de Centro Occidente, ubicado en el estado Lara, llevan 6 meses a la espera de que el Ministerio Público les dé acceso al expediente de la investigación.
El Observatorio Venezolano de Prisiones y el Colegio de Abogados del estado Lara representan legalmente a cuatro madres que perdieron a sus hijos en la requisa, y tienen previsto introducir el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto, para promover que el Estado venezolano rinda cuentas sobre el caso.
“Aunque el Código Orgánico Procesal Penal admite que el Estado mantenga bajo reserva los detalles de la investigación por un máximo de 30 días, ha pasado medio año y los familiares de las víctimas no saben qué tipo de experticias ordenaron los fiscales para determinar cómo actuó la Guardia Nacional Bolivariana en la masacre”, aseguró Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
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