Aunque la regulación de precios en los servicios que prestan las clínicas privadas del país ya ha causado problemas en algunos centros de salud, estos seguirán acatando la medida mientras se concreta la instalación de las mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), el Ministerio de Salud y las aseguradoras para llegar a un consenso. laverdad.com / Yanreyli Piña Viloria
Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, alertó sobre la amenaza que se cierne sobre la continuidad del servicio privado de mantenerse el baremo establecido en la providencia 294 que entró en vigencia hace poco más de un mes. “El Gobierno lanzó un decreto sin revisar el margen de ganancias o de pérdidas que le podía generar a las clínicas”.
A su juicio, no habrá clínica que “aguante seis meses” con estos precios ya que, entre otras razones, no reciben el aporte que el Gobierno le envía a los hospitales públicos, que abarcan el 80 % del sistema.
“El ingreso de una clínica viene de lo que invierte su directiva y de lo que aportan los usuarios. El 90 % de los insumos médicos viene del extranjero, por lo que insistimos en que si el Ejecutivo sabe cuánto cuesta mantener el servicio de salud, por qué aplicaron estos baremos”.
A la espera
El viernes pasado culminó el registro en el que unas mil 500 clínicas se inscribieron en la Sundecop. Ahora se espera el análisis de la información aportada por los centros privados para convenir entre las partes los nuevos precios.
Hipólito García, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, comentó que esta semana hubo una primera reunión en la que se solicitó la derogación de la providencia hasta tanto no terminen las discusiones. No hubo respuesta, salvo el diferimiento del segundo encuentro sin nueva fecha establecida.
“Se están atendiendo a los pacientes, pero hay dificultades en los insumos y para cubrir la situación. Este efecto genera a corto y mediano plazo una disminución de la calidad de la atención de los venezolanos. En el tema de los costos de los centros privados no se ha avanzado, a pesar de que hace un mes se designó a un grupo de diputados para investigar este tema. Esos precios se fijaron de manera unilateral”.
En dos semanas
Eduardo Piñate, integrante de la comisión que estudia los costos y precios de las clínicas privadas, comentó que se espera que antes del 15 de agosto haya una “idea” de la visión que tendrá el Gobierno con respecto a los costos y actuación de estos centros. “La salud es un derecho que se debe garantizar, por lo que está prohibida la exigencia de cartas avales o claves para el ingreso a emergencia”.