La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el martes la censura impuesta a los diarios venezolanos El Nacional y Tal Cual a través de una multa retroactiva, por una foto de cadáveres desnudos apilados en la morgue de Caracas publicada en 2010, indicó el organismo. AFP
La multa impuesta a los diarios por una jueza del juzgado de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes equivale al 1% por ciento de los ingresos brutos de 2009.
La sentencia original fue dictada en agosto de 2010 y se prohibía a los medios impresos del país la publicación de imágenes “violentas, sangrientas, grotescas, bien sean de sucesos o no” que puedan afectar a la niñez y la adolescencia.
Los diarios fueron multados fotos en la que se veían cadáveres amontonados en una morgue de Caracas difundiendo así “imágenes no apropiadas que representaron peligro de alteración del bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes”, subrayó el Ministerio Público (Fiscalía) en un comunicado la semana pasada.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, criticó que todavía hoy se siga utilizando la coacción económica para perjudicar a los medios.
Paolillo calificó la medida de “un acto de censura aplicado en esta nueva etapa de hostigamiento a la libertad de expresión, cuyo objetivo es asfixiar económicamente a medios críticos e independientes para acallar las voces que no comulguen con el discurso oficial”. Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, agregó que aunque en este caso se trata de coartar a los dos diarios, “en realidad el mayor perjudicado es el pueblo venezolano porque se le restringe a los ciudadanos su derecho a decir lo que quieren y a decidir los contenidos que leen”.
La fotografía en portada de El Nacional publicada del 13 de agosto de 2010, que reprodujo Tal Cual, era de la morgue Bello Monte de Caracas. La imagen fue utilizada como ilustración en una nota sobre inseguridad pública.
Esta multa se suma a la solicitud que hizo la Fiscalía venezolana hace dos semanas, de congelar las cuentas y bienes del director de El Nacional, Miguel Enrique Otero, a raíz de una demanda en su contra, una medida que el empresario consideró un “atropello” contra la libertad de expresión. Según la Fiscalía, la solicitud forma parte de una investigación a Otero por una demanda planteada por el exalcalde metropolitano de Caracas Alfredo Peña (2000-2004) para cobrarle 3,5 millones de dólares.