La Ley Habilitante solicitada por el Ejecutivo Nacional pretende radicalizar la persecución política hacia los factores democráticos, denunció el vicepresidente del concejo Municipal de El Hatillo, Eduardo Battistini.
El edil se refirió a las intenciones del presidente Nicolás Maduro de arreciar el acoso legal en contra de los dirigentes de los partidos de oposición, ocultando las intenciones en un manto de lucha contra la corrupción. “Queremos alertar sobre la práctica antidemocrática observada en los últimos meses con el empleo de una justicia parcializada para perseguir a diputados como Richard Mardo, María Corina Machado, dirigentes políticos como Leopoldo López, el general Rivero u Oscar López, apuntan a que este instrumento legal pretende otorgar carta blanca para crear todo un aparato represor incompatible con los regímenes democráticos”.
Agregó que los factores del oficialismo no tienen los votos completos en la Asamblea Nacional para aprobar la Habilitante, y si llegaran a conseguir el voto faltante, sería bajo la denunciada práctica de comprar conciencias, lo cual es en sí mismo un acto de corrupción. Le parece risible que sea justamente el diputado Pedro Carreño, el protagonista de la solicitud de lucha anticorrupción, ya que todos en Venezuela conocen sus humildes orígenes, y hoy a la sombra del “Gobierno Revolucionario”, se ha convertido en un ostentoso consumidor de todo tipo de lujos a la hora de vestir, viajar, movilizarse o festejar.
Battistini insistió en que para luchar contra la corrupción, se hace necesario tener una justicia independiente, oportuna y honesta, y de acuerdo a la versión de los medios de comunicación, hay denuncias de la existencia de grandes mafias tribunalicias, con sus ramificaciones en el alto gobierno.
Se refirió a la situación que viven más de 5 mil familias que se encuentran incomunicadas hace un año exactamente, luego que la carretera que une Turgua con el municipio se desplomara. “Para aquel entonces, el vicepresidente Elìas Jaua anunció que la recuperación se realizaría en un plazo de tres meses, y correría por cuenta de la Fundación Propatria 2000, adscrita a su despacho. Para tal fin se destinaron 58 millones 550 mil bolívares fuertes. Luego de un año, todavía los hatillanos están esperando y no se ha ejecutado ni el 20 % de los trabajos”, señaló el concejal hatillano.
Invitó a la Fiscal General, A la Contralora y a los diputados de la Asamblea Nacional de dejar de lado la politiquería e investigar realmente si existe daño patrimonial en esta obra de infraestructura.
“Esa es la verdadera corrupción que vivimos en Venezuela: la verdadera corrupción no està del lado de la oposición, sino de aquellos que manejan los recursos públicos, que es el gobierno nacional y esta Ley Habilitante lo que va propiciar es el perdón para los corruptos rojos y el enlodar a inocentes por el delito de ser disidentes políticos con arraigo popular”, concluyó.
Prensa Battistini