Mujeres embarazadas, madres con niños en los brazos, enfermos, personas de la tercera edad y con discapacidades se apostaron ayer en las puertas de las residencias Valle Nuevo, complejo de la Gran Misión Vivienda, localizado en el sector Las Malvinas de la avenida Intercomunal de El Valle, para denunciar supuestas irregularidades en la asignación de los inmuebles.
“Este proyecto nos lo robaron. Si Nicolás Maduro quiere hacer contraloría social, que venga a El Valle y se dé cuenta cómo unos bandidos se agarraron los reales, mientras el pueblo sigue luchando”, gritaba indignada María Josefina González.
Ella, junto a otros vecinos de El Valle, custodiaron el edificio para evitar el acceso de presuntos damnificados que iban a recibir las llaves de los apartamentos. Los manifestantes, miembros del Bloque Nacional Bolivariano de Líderes Comunitarios, aseguraron que tienen 28 días en el lugar, soportando lluvia y sol y durmiendo en carpas de lona, para demostrar que ha habido corrupción en la adjudicación de las viviendas. Indican que lucharon por esos terrenos desde hace, por lo menos, una década y se consideran burlados por el Gobierno.
¿Letra muerta? Documentos en mano, Jorge Shultz, del Bloque Nacional Bolivariano, reseñó la brega de 450 familias habitantes de El Valle, que en 2003 cerraron filas para sacar a las cementeras Cemex y Lafargé del lugar y lograr la expropiación de los terrenos, donde les habrían prometido la construcción de 1.500 viviendas.
“El presidente Chávez nos pidió que lucháramos contra esas empresas. Cuando todavía no existía la Misión Vivienda trabajamos por la expropiación de esos terrenos y nos aseguraron que allí construirían los edificios Schafik Handal y Eva Perón, donde viviríamos”, dijo Shultz. Afirmó que el grupo de familias afectadas cuidó el área durante seis años, desde 2006 hasta 2012, cuando supuestamente guardias nacionales habrían irrumpido en el sitio y los sacaron de forma violenta y les robaron las pertenencias.
Shultz deploró el silencio de las autoridades ante lo que considera un acto evidente de corrupción y maltrato a la población vulnerable. Asegura que le envió una carta al presidente Maduro, el 7 de junio de este año, para ofrecerle detalles de todos esos atropellos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Algunos manifestantes lamentaron la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana y de la PNB, pues, supuestamente los habrían maltratado.