Un grupo de legisladores de Estados Unidos le pidió al fiscal general Eric Holder que responda preguntas sobre un reporte de Reuters respecto a que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) brinda a la DEA información usada para respaldar causas no vinculadas al terrorismo contra ciudadanos del país.
El reporte de agosto reveló que una unidad de la DEA entrega la información de la NSA a agentes en terreno, incluyendo a algunos del Servicio de Impuestos Internos, el FBI y Seguridad Nacional, con instrucciones de nunca revelar la fuente original, incluso en la corte.
En la mayoría de los casos, las pistas de la NSA involucran drogas, lavado de dinero y crimen organizado, no terrorismo.
Cinco demócratas en el Senado y tres demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes enviaron preguntas a Holder sobre la relación NSA-DEA, uniéndose a dos importantes republicanos que expresaron su preocupación.
El asunto será discutido en reuniones informativas clasificadas agendadas para septiembre, dijeron asesores republicanos y demócratas.
“Estas acusaciones presentan graves preocupaciones de que los vacíos en la política y la ley están permitiendo una extralimitación de recolección de datos de inteligencia de parte de aparatos del Gobierno federal”, dijeron los senadores Tammy Baldwin de Wisconsin, Ron Wyden de Oregon; Tom Udall de Nuevo Mexico; Richard Blumenthal de Connecticut y Sherrod Brown de Ohio.
Holder, nombrado por el presidente Barack Obama, lidera el Departamento de Justicia. Ni esa cartera ni la DEA respondieron de inmediato a una solicitud para conocer sus comentarios ante las demandas de los legisladores.
Los reportes de Reuters citaban documentos internos que muestran cómo la División de Operaciones Especiales de la DEA entrega datos interceptados de inteligencia, informantes y una base de datos de registros telefónicos a las autoridades de todo el país para ayudarlas a realizar investigaciones criminales de estadounidenses.
Los documentos muestran que agentes federales están entrenados para “recrear” la pista de la investigación para encubrir el origen de la información, una práctica que algunos expertos dicen que viola un derecho constitucional de los acusados a un juicio justo.
Si los acusados no saben cómo comenzó una investigación, no pueden pedir que revisen potenciales fuentes de evidencia exculpatoria, información que puede revelar una inducción, errores o testigos parciales. Reuters