Los países de América Latina han entendido que juntos pueden hacer más contra el robo de celulares y su comercialización, un negocio ilícito que a diario se cobra vidas y mueve más de doce millones de dólares en el mundo, según Interpol.
José Bautista/EFE
Aunque no hay cifras concretas acerca de los asesinatos de personas para robarles sus teléfonos móviles en la región, basta con usar cualquier buscador de internet para encontrar titulares recientes como “matan a estudiante por robarle el celular” o “asesinan a una mujer por un iphone”.
Lo que sí se sabe que el 58 % de los usuarios de celulares en América Latina han sido víctimas de robo en el último año, de acuerdo a una encuesta realizada a cientos de personas de la región por la empresa eslovena de seguridad informática ESET.
Según el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la mayoría de los casos para el robo de celulares, delito del que son víctimas especialmente mujeres y adolescentes, los asaltantes recurren a la violencia.
Las bandas delictivas alteran los equipos robados para luego comercializarlos, aunque las mayores ganancias las logran con la venta de dispositivos en mercados ilegales de otros países.
En otros casos, los celulares robados son utilizados para cometer asaltos y hasta asesinatos por encargo.
A la vanguardia regional, Guatemala se prepara para discutir una ley que contempla penas de hasta 15 años de cárcel y multas de más de 25.000 dólares por el robo de estos dispositivos y por su comercialización ilegal.
En este país centroamericano fueron robados 142.745 celulares durante el año 2012, un 40 % más que en 2011, según la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Se estima que de los 500 asesinatos que ocurren cada mes en Guatemala, al menos diez están relacionados con el hurto de equipos de telefonía móvil.
En Venezuela, once personas perdieron la vida en 2012 a manos de ladrones de teléfonos móviles y en lo que va de 2013 son ya siete, según precisó a Efe el presidente de la comisión parlamentaria sobre robo y hurto de celulares, el diputado Ricardo Sánchez.
En la mayoría de los países latinoamericanos, los robos de celulares son considerados delitos menores y no son penados con cárcel, pero en cambio desde 2011 hay naciones donde se castiga con penas de dos a seis años de cárcel a quienes los reprogramen.
Además, en México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil las empresas de telefonía bloquean los celulares internamente cuando los usuarios reportan el robo y pérdida de estos.
“Bloquear el celular y deshabilitar el IMEI (identificador internacional) está bien para desestimular la compra y venta de los equipos robados aunque es necesario implementar acuerdos entre empresas, gobiernos, autoridades y usuarios para enfrentar este fenómeno”, dijo a Efe Raphael Labaca, de ESET.
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, en donde se sancionaba ya con penas de dos a cinco años de cárcel la alteración de equipo y su comercialización, adoptaron en abril pasado un marco normativo para intercambiar información de celulares extraviados, robados y hurtados, así como para realizar los respectivos bloqueos.
Este acuerdo se deriva de la Declaración de Bogotá, que en octubre de 2012 firmaron la asociación GSM, las 13 principales compañías de telefonía de la región, autoridades gubernamentales y policiales de once países de América y Europa para enfrentar conjuntamente el fenómeno del hurto y tráfico de teléfonos móviles.
“Ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra el robo de celulares, en particular del bloqueo del IMEI de equipos robados y compartir información entre autoridades y gobiernos”, dijo a Efe James Moran, director de seguridad de la asociación GSM, que congrega a 800 operadores de telefonía mundial.
Mora instó a los firmantes de este pacto a seguir el camino de Costa Rica, que desde mayo de 2012 comparte sus bases de datos de celulares robados con otros 219 países y 800 operadores en todo el mundo, para que éstas no sean activadas.
La cifra de celulares robados en América Latina es abrumadora.
En 2012 fueron robados cerca de un millón de aparatos en Brasil, 216.000 en Ecuador y 156.681 solo en la ciudad de México. En Chile se robaron más de 340.000 celulares en 2010.
En Perú y en Argentina se cuentan por millones, con 3.785.000 robados en 2011 y un millón por año, respectivamente.
La Policía de Colombia calcula que una sola estructura de tráfico de celulares puede sacar del país hasta 500 teléfonos mensuales, cada uno con precios que fluctúan entre los 200 y los 300 dólares.
Aunque en 2012 unos 1.750 millones de celulares fueron vendidos a nivel mundial, un 1,7 % menos que en 2011, la consultora tecnológica estadounidense Gartner prevé que en 2013 se venderán más de 1.000 millones de celulares inteligentes (smartphones) y 1.900 millones de celulares en general (feature phones).
Gartner también destacó que entre abril y junio pasados por primera vez la venta de celulares inteligentes superó a la de celulares básicos en el mundo.
América Latina fue la segunda región con mayor subida de las ventas de celulares inteligentes en dicho periodo: un 55,7 %.
Aunque los países latinoamericanos comienzan a asociarse para luchar contra este fenómeno, todavía es necesario desestimular entre los consumidores la compra de celulares robados, combatir y desarticular a las bandas delictivas y bloquear el tráfico ilegal de estos dispositivos, señalan los expertos.
En Chile, en los últimos años, sobre todo con la aparición de aparatos más sofisticados y costosos, ha crecido la demanda de seguros para los teléfonos, que varían del 15 al 50 % de su valor. EFE