SOFÍA NEDERR / ALEX VÁSQUEZ S. /El Nacional
Sostuvo que hay una progresiva instrumentalización de la justicia para condenar la protesta. Denunció que la Ley Antiterrorismo es la norma más reciente de un conjunto de leyes, que incluye al Código Penal, para atacar a quien demuestre descontento frente al Gobierno, sea de la oposición o del oficialismo.
Dijo que la intimidación incluye la apertura de procesos penales a civiles en la justicia militar, lo que calificó de inconstitucional. Este caso involucra a dirigentes sindicales en Táchira y a pemones en Bolívar, que se encuentran bajo régimen de presentación.
El coordinador de Provea refirió que se ha ejecutada la toma de instalaciones en conflicto por miembros de la FANB como en junio de este año, cuando 200 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaron en la Ferrominera Orinoco con orden de desactivar la huelga.
El informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social del primer semestre de 2013 destaca que la principal causa de protesta en el país es la laboral, pero durante los meses de enero y abril hubo mayor incidencia de casos políticos: en enero las protestas de estudiantes que solicitaron la fe de vida del entonces presidente Hugo Chávez, y en abril las manifestaciones contra los resultados de la elección presidencial.
Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio, insistió en que la conflictividad social se ha incrementado en el tercer trimestre de este año con respecto a los trimestres anteriores: “Durante los primeros tres meses de la gestión de Nicolás Maduro se registró una leve disminución en los conflictos y la protesta social. Los temas sociales representan el punto central. Las demandas laborales son el principal factor de conflictividad y las protestas por servicios básicos, electricidad son frecuentes en todo el territorio”.
Ponce contabiliza 3.000 personas con procesos judiciales abiertos por protestar en el país, la mayoría son campesinos, estudiantes universitarios, trabajadores y vecinos. Aunque coincide con Alvarado en que el Gobierno ha cesado la represión tradicional, Ponce señala que cuando hay represión física los organismos señalados son la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. En estos advierte el uso de sustancias tóxicas y armas que están prohibidas en el artículo 68 de la Constitución.
Talón
A diferencia de las manifestaciones laborales, de vivienda o de inseguridad, “cuando el descontento es motivado por lo político, los organismos del Estado sacan las garras, porque se trata de su talón de Aquiles”, opinó el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Barinas, Tarquino González, que estuvo en huelga de hambre por la detención de 11 campesinos de Socopó el 16 de abril tras las manifestaciones que se oponían a los resultados del 14A.
Asegura que preservar el poder es el motivo de la represión oficial: “Con esas manifestaciones el Gobierno percibe que está en juego el poder político y ve que la sociedad reacciona ante hechos que podrían poner en peligro su estabilidad. Por eso, usan todos los mecanismos para reprimir, desde lo físico hasta lo legal. Cuando las personas protestan porque no tienen agua, se disuelve y ya. Cuando el asunto tiene un perfil político la arremetida del Estado es mayor, no sólo actúan los cuerpos policiales, como ocurrió con los campesinos, sino todo el Estado, la Fiscalía y los tribunales”.
Considera que el juicio contra los campesinos no tendrá mayor trascendencia, porque no hay delitos que acarreen sanciones: “Lo más grave que se encontró es que portaban morteros para lanzar fuegos artificiales, algo que es de libre uso, y la pólvora que les encontraron era blanca, ni siquiera negra”.
El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, coincide con González en que las protestas políticas son las que el Gobierno ataca con todo el aparato del Estado. Su entidad fue protagonista del último caso de represión el 12 de septiembre, cuando la GNB y el Ministerio de Turismo tomaron el Gran Hotel Amazonas, lo que generó protestas de rechazo en las que 18 manifestantes terminaron tras las rejas y varios sufrieron fracturas en brazos y piernas, aseguró Guarulla. 12 fueron liberados y quedan 6 detenidos, a los que calificó de “presos políticos”, porque se trata de funcionarios de una gobernación de oposición.
Afirmó que el Gobierno busca eliminar la protesta política a través del miedo.
La Gobernación de Amazonas envió una denuncia del caso a la Conferencia Episcopal Venezolana, porque “la justicia está parcializada”, dijo el gobernador. “A la oposición, el Gobierno la considera su enemigo. A través de estas expropiaciones, invasiones y ataques lo que quieren es sembrar terror psicológico en el adversario”, expresó.
Seguridad, trabajo y luz
La semana pasada se registró un promedió de cinco protestas diarias. Las principales causas fueron inseguridad, condiciones laborales y fallas en los servicios, principalmente por los cortes eléctricos, según la cuenta de Twitter @protestasvzla
Cada día hubo al menos una protesta por inseguridad. El lunes 23 de septiembre motorizados manifestaron por esa razón en Barcelona, estado Anzoátegui, y La Urbina, Caracas. También unos vecinos rechazaron la detención de dos jóvenes en Baruta. El martes 24 transportistas protestaron por la inseguridad en Aragua, al igual que los conductores de camiones Cisterna en Lara y los motorizados en Carabobo. Los educadores también manifestaron ese día en la Francisco Fajardo, en Caricuao y frente a la Zona Educativa de Guanare, estado Portuguesa.
El miércoles 25 fue por los apagones: vecinos trancaron la vía La Victoria-San Mateo en la Panamericana, y pasó lo mismo frente a la sede de Corpoelec en Duaca, estado Lara. El jueves 26, los apagones también fueron protagonistas, desde temprano quemaron cauchos en Ocumare del Tuy; y transportistas de Santa Bárbara del Zulia cerraron el paso en protesta por la escasez de alimentos y cortes eléctricos.
El viernes, las manifestaciones fueron los docentes exigiendo mejoras salariales en Barinas. En la Intercomunal de Turmero, en Aragua, se registró una protesta de refugiados que exigieron viviendas dignas.