El viernes por la tarde, solemnemente, el primer ministro de Italia, Enrico Letta, anunciaba que todos los fallecidos en el naufragio de Lampedusa —una cifra elevada a 143 personas este domingo— recibirán la nacionalidad italiana. Justo a la misma hora —y no es un recurso periodístico—, la fiscalía de Agrigento (Sicilia) acusaba a los 114 adultos rescatados de un delito de inmigración clandestina, que puede ser castigado con una multa de hasta 5.000 euros y la expulsión del país. Los muertos, sin embargo, podrán quedarse. Ante la imposibilidad de ser identificados, se les ha adjudicado un ataúd, un número y un trozo de tierra en cementerios de Sicilia para que descansen, ahora sí, con la nacionalidad europea que se jugaron la vida por conseguir.
El Ayuntamiento de Roma, en un gesto que seguramente le honra, organizó una vela nocturna por los difuntos y anunció que dará cobijo a los 155 supervivientes del naufragio. El resto, los más de mil que llegaron un día antes, tendrán que seguir hacinados en los inmundos barracones del centro de acogida de Lampedusa, situado —muy convenientemente— en el extremo de la isla opuesto a donde los turistas disfrutan del último sol del verano. La diferencia entre unos y otros es solo de número. Unos forman parte de una noticia de impacto mundial y los otros son solo protagonistas de su propia tragedia. La delgada línea entre Roma y el olvido.
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