El caso de la comisiones millonarias de Navantia en la venta de ocho buques militares a Hugo Chávez ha sumado dos nuevos imputados de gran relevancia: Juan Pedro Gómez Jaén, presidente de los astilleros públicos cuando se firmó el contrato con Venezuela, en 2005, y el que fuera su director comercial, Jesús Arce.
La juez Rosario Espinosa los acusa de un delito de malversación de caudales públicos por aprobar las abultadas comisiones que la empresa pública pagó a la empresa caraqueña Rebazve Holding Ltd.. De los 43 millones de euros que recibió esta intermediaria, doce fueron a parar a los dos primeros imputados del caso, Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) entre 1990 y 1995, y su socio Antonio Rodríguez Andía, expresidente de la naviera pública Transatlántica. En este caso, la juez los acusa de tráfico de influencias y delito fiscal.
Una fuente interna de la propia Navantia asegura a ABC que la verdadera labor del intermediario venezolano era el reparto de comisiones en España y Venezuela. Tal y como reveló este diario, de los 43 millones de euros (en torno al 3,5 por ciento del total de la venta), doce fueron a una sociedad mercantil de Antonio Rodríguez Andía, quien, a su vez, pagaba seis a Salas Collantes, gestor de empresas públicas en los gobiernos de Felipe González —entre ellas los astilleros que hoy son Navantia, de ahí el posible tráfico de influencias— y hombre de la confianza del entonces ministro Carlos Solchaga. Son estos doce millones de euros los que la Justicia trata de recuperar ahora, ya que echar mano a los 30 que no volvieron de Venezuela se presenta más que complicado.
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