Las restricciones a la libertad de expresión se han multiplicado en el último año en Venezuela hasta llegar a un caso de censura cada cuatro días, según denunciaron hoy varias organizaciones ante la CIDH, que reconoció su “preocupación” al respecto y pidió más garantías judiciales para los comunicadores. EFE
En una audiencia sobre Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria Salazar, de la organización Espacio Público, denunció la “política restrictiva” respecto a los medios de comunicación antes y después del proceso electoral de abril pasado.
“En el caso de la censura, los casos en estos nueve meses (de enero a septiembre de 2013) sumaron 71, lo que supone un caso cada cuatro días; un aumento del 87% respecto a 2012”, aseguró Salazar.
“Esto no sólo afecta a periodistas, también a humoristas, caricaturistas, actrices, defensores de derechos humanos y escritores”, añadió.
Apuntó además que su organización registró “172 casos de denuncias con diversos patrones” de sucesos cometidos contra los periodistas de todo el país en esos mismos nueve meses, con un “incremento del 56% en comparación al mismo periodo del año pasado”.
“El patrón más recurrente son las agresiones y hostigamiento” directos o indirectos “por parte de funcionarios públicos”, explicó. “En varios casos se les obliga a destrucción de material y en el proceso electoral de abril se produjo el bloqueo total del acceso a las (páginas) web cuando se esperaban resultados”, agregó.
Marianella Balbi, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) aseguró que en los últimos nueve meses su organización ha documentado la apertura de “20 acciones legales” contra comunicadores, mientras que en el mismo periodo de 2012 “se registraron 4 incidentes de este tipo”.
En nombre del Gobierno venezolano se pronunció en la audiencia Luis Brito García, miembro del Consejo de Estado, quien dijo que la acusación “de que exista una restricción de libertad de prensa en Venezuela es absolutamente inadmisible bajo principio de cualquier lógica”.
Aludió a un informe elaborado por la CIDH en el que “toda la acusación al Estado venezolano” está basada en informaciones e “invenciones” de varios medios de prensa del país y consideró que sin libertad de expresión eso no sería posible.
“No hay censura de prensa en Venezuela y no hay manera de establecer una censura”, zanjó Brito García.
En respuesta, la relatora especial para libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, señaló que “las violaciones no se producen solamente cuando hay censura, sino cuando hay restricciones desproporcionadas, como cuando a alguien le despiden por un (mensaje en) Twitter”.
Botero citó como ejemplo que “un titular”, el de “La gasolina se reparte por goteo en Venezuela”, haya dado “lugar a un proceso penal iniciado por la fiscal general” y a que el presidente, Nicolás Maduro, “pidiera una pena ejemplar” para el responsable.
“Si un titular así realmente genera zozobra… ¿Es tan grave ese titular? Si da lugar a ese tipo de acciones, me parece importante profundizar en las garantías judiciales”, aseveró.
Las organizaciones denunciaron además que las trabas para importar papel han llevado a algunos diarios “a dejar de imprimir” y a otros a “reducir páginas”, a lo que Brito García alegó que le están pidiendo “el doble de dólares” al Gobierno para ese fin y sólo se les puede conceder “lo mismo que el año pasado”.