Se habla de amor, pero se siembra odio. Una vieja práctica autoritaria es inventar un culpable, un enemigo interno y sobre él descargar la ira del poder. La historia está repleta de esos casos. Muchos de ellos terminaron en masacres y genocidios. Ya he hablado de eso en otros artículos.
En Venezuela se ha venido montando una bomba de tiempo de odio. La cercanía electoral pareciera exacerbar la locura y la irresponsabilidad.
Caracas apareció llena de afiches. Afiches de elaborado diseño, impecable manufactura y muy amplia distribución que revelan un importante músculo logístico. No es obra de aficionados. Son afiches con la cara de Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado. Se les acusa, de lo que es responsabilidad de cualquier gobierno: suministro eléctrico, abastecimiento alimentario y paz ciudadana. Son afiches fascistas; promueven el odio y la violencia, son un linchamiento moral y un peligro para su integridad física. Son un crimen de derechos humanos. Violan el artículo 60 de la Constitución, justamente en el capítulo de derechos humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, imagen y reputación.
El deber del gobierno y de los poderes públicos es investigar su autoría, buscar y procesar a los culpables. Así lo ordena la propia Constitución en su artículo 19 al establecer que el Estado debe garantizar a toda persona el goce y ejercicio de sus derechos y que “su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público”
Lamentablemente esto no ha sido así hasta ahora; todo lo contrario: desde la cúspide del Estado lejos de investigar o condenar este acto de odio se ha celebrado, justificado y potenciado. Pareciera no entenderse que es responsabilidad del Estado velar por la paz y la convivencia pacífica. Tomar las acciones para desactivar y desarmar esa bomba de odio es una tarea urgente e impostergable del gobierno y demás órganos del Poder Público. De emprenderse una política de distensión la oposición democrática debería acompañarla sin miramientos.
Una revisión de esta naturaleza debería pasar por hacer que VTV deje de ser el canal del partido de gobierno, donde permanentemente se estigmatiza a dirigentes opositores. De este modo el gobierno tendría la autoridad moral para exigir un comportamiento recíproco y de altura de parte de los pocos medios de importancia con líneas editoriales adversas al oficialismo. Otro punto importante es garantizar la seguridad y libre acceso de todos los candidatos y dirigentes a cualquier lugar del territorio nacional sin obstáculos de ninguna naturaleza.
Muchas figuras públicas han sido víctimas del odio político. El caso más reciente fue Elba Escobar, anteriormente Roque Valero o Winston Vallenilla. Victimas, en este caso, del encono opositor, que en el caso de Elba Escobar ni siquiera fue por asumir una posición política. Ataques que bajo ningún concepto pueden ser apoyados (como en efecto no lo han sido) por ningún dirigente que se precie de tal; como lamentablemente si ha sucedido con los susodichos criminales afiches contra connotados adversarios al gobierno.
@vicentedz