La Cámara de Caracas rechaza el uso político que se le está dando a los problemas económicos. En un comunicado reitera que “hemos venido advirtiendo que la vigente política de controles y de cerco a la empresa venezolana generaría el panorama de inflación y escasez que todos sufrimos”. Recomienda al Gobierno tratar los problemas económicos con sentido de realidad, atendiendo sus causas: gasto público creciente, financiamiento inapropiado y el mantenimiento de empresas públicas improductivas.
Comunicado
Todos estos años hemos alertado que esta política económica deteriora la capacidad productiva del país y mantiene una ilusión de bienestar a través de importaciones crecientes, que luego pasarían la factura. Vivimos la más alta inflación y la escasez más recurrente del hemisferio.
El gobierno tiene que asumir que la situación que vivimos es consecuencia de su política económica. Ha optado por culpar al empresario de la inflación, y pretende imponer una matriz de opinión sobre una supuesta“guerra económica” como responsable de sus decisiones. Rechazamos esos argumentos, no sólo por su falsedad, sino porque se están usando tácticamente como argumentos electorales. La iniciativa privada no es de un bando u otro; en su conjunto forma parte de los activos sociales del país, y como tales deben resguardarse porque constituyen el patrimonio productivo que legaremos a las generaciones futuras en forma de bienestar y
oportunidades de empleo.
Rechazamos categóricamente los procedimientos implantados que generan zozobra en los ciudadanos de buena voluntad, y son aprovechados por grupos minoritarios para saquear y expoliar a las empresas. Es social y
legalmente inaceptable que se haya inducido al saqueo, y que muchas empresas estén virtualmente cercadas por grupos de personas cuyas expectativas no están del todo claras. Ninguna sociedad sobrevive ante
violaciones sistemáticas y continuas de su marco legal, violando principios fundamentales como el debido proceso y el derecho ciudadano a la propiedad. Ninguna economía soporta vías de hecho sin pagar las consecuencias en
términos de caos, desinversión, inflación y escasez. Lo que hoy se vive en diversas ciudades del país frente a comercios, algunos de larga trayectoria, es inaceptable e inconveniente al orden social.
Rechazamos el modelaje que se está promoviendo, desde algunos sectores del gobierno: la ética de “la golilla”,”el aprovechamiento indebido”, “la lógica de la turba” no conviene a nadie. Quien pretende
obtener un bien por debajo de su costo real y el razonable beneficio a quien lo provee e incluso gratis, debe tener bien claro que ese “regalo” lo pagan los trabajadores de esas empresas con su desempleo, el resto del país con escasez y desabastecimiento, y la sociedad como un todo con menos ingresos por impuestos. No hay largo plazo posible para la demagogia y el populismo, sobre todo cuando el enfoque es destruir empresas y empleo de manera determinante.
La descapitalización de empresas y su eventual desaparición no resuelve el problema de la inflación; por el contrario, lo agrava agregando la desconfianza que situaciones como ésta producen en la economía. El
desabastecimiento será mayor cuando a condiciones estacionales se sume la demanda provocada por la zozobra y por expectativas de conseguir precios muy por debajo de los costos de la empresa. Se está obligando por la fuerza, a través de la extorsión tumultuaria, a rematar inventarios, que bajo tales condiciones no serán repuestos.
Manejar la economía bajo un enfoque populista-electoral no construye país. Estas decisiones colocan la actividad económica en situación de “perder-perder” y por tanto nadie gana. Nos ubica en una situación donde
perdemos todos: pierde el país, pierden los comerciantes, pierden los trabajadores, y pierden los consumidores, como un todo.
Hacemos un llamado para que cese de inmediato esta situación. A nadie conviene la zozobra y una crisis de gobernabilidad. Los venezolanos de buena voluntad, que somos la mayoría, merecemos y necesitamos un ambiente
de paz y progreso. Merecemos soluciones y no la satanización de supuestos chivos expiatorios, a quienes se lincha y expolia. La ley es para todos y su obediencia es obligatoria a todos, sin excepción.
