Por estar presuntamente involucrados en la desviación y apropiación de fondos destinados a dos consejos comunales en Tucupita, estado Delta Amacuro, el Ministerio Público (MP) acusó a tres empleados del Banco Bicentenario, a un funcionario público y otro civil. AVN
De acuerdo a un boletín de prensa del MP, la fiscalía acusó a la subgerente de la entidad financiera, Verenis Arteaga, de 33 años; a la supervisora de la institución, Olsery González de 36 años; y al cajero de dicha entidad, Isael Piña; por ser presuntos cómplices necesarios en el delito de peculado doloso impropio y asociación para delinquir.
Asimismo fueron acusados el analista del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), Wilmer Tovar, de 49 años, y Oswaldo Cheremos, de 30 años, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La fiscalía solicitó la admisión de la acusación, ante el Tribunal 1º de Control de Delta Amacuro, el enjuiciamiento de las cinco personas y que se mantenga la medida de privativa de libertad, así como que se mantenga el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y gravar bienes de las cinco personas detenidas.
Los tres hombres se encuentran recluidos en el Reten Judicial Guasina, mientras que las dos mujeres permanecen en la sede de la policía regional, ambos ubicados en Delta Amacuro.
De acuerdo con la investigación, tanto el consejo comunal Waranoco I como el Isla Misteriosa, ambos del municipio Pedernales de dicho estado, recibieron recursos financieros del FCI, organismo adscrito al Consejo Federal de Gobierno, para la adquisición de peñeros, motores fuera de borda e implementos relacionados con la actividad pesquera.
Ambos consejos comunales habrían sido persuadidos por el empleado del FCI, Wilmer Tovar, para que le transfirieran los recursos financieros que sumaban Bs. 682.755.
Dicho monto fue entregado en dos cheques de gerencia a nombre de la Distribuidora Quintana 55, una empresa ficticia que supuestamente se encargaría de suministrar el material pesquero que los consejos comunales requerían.
Posteriormente, Arteaga, González y Piña, adscritos a la nómina de la agencia del Banco Bicentenario ubicada San José de Barlovento, estado Miranda, habrían facilitado la apertura de una cuenta a nombre de la empresa Distribuidora Quintana 55, aceptando un acta de asamblea falsa para poder depositar ambos cheques.
Cuando los consejos comunales se percataron del incumplimiento de la compra del material, el 26 de julio varios de los integrantes afectados presentaron la denuncia ante el MP.
Luego de varios operativos coordinados por el MP y ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se logró la aprehensión de las cinco personas. AVN