La Ley Habilitante que otorga potestades legislativas al presidente Nicolás Maduro, por un año, llega hasta la posibilidad de decretar “el amor al prójimo”, según se establece en el literal A del artículo 1 de la norma publicada ayer en Gaceta Oficial.
Janet Yucra M.
“Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros” pueda: “dictar y/o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública, tales como, solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, voluntad de superación, lucha por la emancipación y el proceso de liberación nacional, inspirado en la ética y la moral socialista, la disciplina consciente, la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo; todo ello, en aras de garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno”.
El instrumento también va más allá de la solicitud original del mandatario, pues podrá decretar leyes que sancionen a aquellos que alteren el orden público, como lo señala el literal B del artículo mencionado. “Dictar y/o reformar normas destinadas a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción”, dice el dispositivo.
En la Gaceta se ratifica que Maduro puede legislar “contra la legitimación de capitales. Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, lo político y lo mediático”.
Peras con manzanas
Dentro de esa “lucha contra la corrupción”, Maduro también puede “combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos, y “establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas”, además de “emitir disposiciones en defensa de la moneda nacional a fin de contravenir el ataque a la misma y “fortalecer el sistema financiero nacional”.
A juicio de los redactores del instrumento, el mandatario va a “defender la economía”, a través de “leyes que consoliden los principios de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a fines de asegurar el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para el pueblo y lograr la mayor suma de felicidad y el buen vivir. Dictar y/o reformar las normas que establezcan lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad”.