La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) objeta la forma en la que se llevan a cabo los procedimientos de fiscalización que realiza el Gobierno desde hace 15 días, en los que se obliga a los establecimientos a bajar los precios de sus productos hasta en 70 por ciento, publica La Verdad.
Mediante un comunicado, la organización exigió al Ejecutivo que las supervisiones estén enmarcadas en el respeto al debido proceso y el derecho a la propiedad privada.
Alerta de que “la venta de inventario por debajo del costo de reposición, como consecuencia de los procedimientos que ocurren a diario, ocasionará el cierre definitivo de varias empresas”.
La cámara advierte que el resultado de las fiscalizaciones en el corto plazo agravará los problemas de inflación, escasez y desempleo.
“Venezuela se encuentra actualmente sumergida en una gran crisis por la aplicación de un modelo de desarrollo que causa escasez, desabastecimiento e inflación en una gran cantidad de bienes y servicios”.
Para la organización, las medidas económicas aplicadas por el Gobierno, tales como las regulaciones excesivas, el creciente gasto público y el control de cambio, deterioran la capacidad productiva.
Agrega que las amenazas de expropiación hacen menos probable que se concreten las inversiones de capital necesarias para aumentar la producción de bienes y servicios.
En el comunicado, el gremio rechaza las acusaciones de “guerra económica” por parte del Ejecutivo en contra del empresariado, así como cualquier práctica de acaparamiento y especulación.
Propuesta
La CCM propone un diálogo directo entre las autoridades, el sector empresarial y los trabajadores como la única vía para iniciar el camino hacia la reactivación del aparato productivo nacional.
“Venezuela necesita de la capacidad de producción, distribución y comercializaciones que tiene el sector privado, el cual, junto con la fuerza laboral que emplea, es el fundamento esencial de la generación de riqueza y bienestar”.
Concluye que el Estado tiene el reto de promover un plan de desarrollo creíble y sostenible frente a los venezolanos, con la liberación de fuerzas productivas y evitar términos como “guerra económica” para impulsar la economía en función de construir bienestar.
15 días tienen los procesos de fiscalización a comercios